La influencia política y retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contribuido a un deterioro de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, donde varios gobiernos han cometido abusos contra migrantes y ciudadanos propios, o han utilizado las políticas de Washington como justificación para reforzar prácticas represivas, advirtió Human Rights Watch (HRW).
En su Informe Mundial 2026, la organización señala que, durante el primer año del nuevo mandato de Trump, algunos países de la región violaron los derechos de personas extranjeras a instancias directas de la administración estadounidense, mientras que otros profundizaron políticas de seguridad basadas en detenciones masivas, militarización y uso excesivo de la fuerza.
“El impacto de la administración Trump ha sido indudablemente negativo en América Latina y el Caribe”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, quien subrayó que, pese a ello, los gobiernos de la región siguen siendo responsables de defender la democracia y los derechos fundamentales, independientemente de quién gobierne en Washington.
El informe destacó que Estados Unidos recortó de manera significativa la ayuda exterior destinada a organizaciones de derechos humanos y medios independientes, mientras que países como El Salvador, Perú y Ecuador aprobaron leyes que permiten el cierre arbitrario de organizaciones civiles y medios de comunicación, debilitando los contrapesos democráticos.
HRW también criticó lo que considera una doble vara de la política exterior estadounidense, que ha condenado reiteradamente las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero ha ignorado abusos graves en países aliados como El Salvador, Ecuador y Perú.
El documento alertó además sobre el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela a inicios de 2026, que, según la organización, podría fortalecer al gobierno represivo venezolano y responder a intereses políticos y comerciales de Washington.
HRW instó a los gobiernos latinoamericanos a oponerse a los ataques marítimos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que han causado la muerte de más de 120 personas, lo que podría constituir ejecuciones extrajudiciales bajo el derecho internacional.
En el ámbito migratorio, el informe documentó abusos generalizados contra personas deportadas desde Estados Unidos, mientras que Panamá y Costa Rica detuvieron arbitrariamente a ciudadanos de terceros países.
El Salvador sometió a venezolanos deportados a desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, y la República Dominicana intensificó la deportación de haitianos hacia contextos de alto riesgo, en posible violación del derecho internacional.
Crimen organizado, una amenaza
La expansión del crimen organizado es identificada como una de las principales amenazas a los derechos humanos en la región. El caso más extremo es Haití, donde grupos criminales controlan el 90% de Puerto Príncipe.
En países como Brasil, México, Colombia y Ecuador, las respuestas estatales han incluido operativos letales, ampliación de facultades de inteligencia y suspensión prolongada de derechos fundamentales.
En México, HRW señala que el Gobierno ha combinado el fortalecimiento de la inteligencia con medidas que abren la puerta a detenciones masivas, como la ampliación de la prisión preventiva obligatoria. En Brasil, una redada policial en Río de Janeiro dejó 122 personas muertas, mientras que en Colombia, durante la implementación de la estrategia de “paz total”, grupos armados ampliaron su control territorial.
Pese al panorama adverso, HRW subraya que periodistas y organizaciones de derechos humanos siguen siendo un bastión clave para la defensa de la democracia, aunque operan en un entorno cada vez más hostil. La organización llamó a los gobiernos de la región a respaldar su labor, en lugar de criminalizarla o restringirla.
