La rendición de cuentas del pasado 27 de febrero ante la reunión conjunta de las cámaras ha dejado sobre la mesa una tarea pendiente para la administración de Luis Abinader y de todo el que llegue a la gestión pública: la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de transparencia mediante la precisión de los datos.
Si bien el ejercicio constitucional de informar al país es un pilar democrático, este no debe limitarse a la exposición de cifras globales, sino que exige una claridad meridiana que permita a la ciudadanía fiscalizar cada peso invertido. No se trata de decir cantidad de obras y realizaciones, sino ser específico. Un ejercicio así fortalece la credibilidad.
El discurso presidencial enumeró una lista extensa de obras y realizaciones por provincias. Sin embargo, para que esta información sea verdaderamente útil, es imperativo que el Gobierno facilite el acceso al detalle pormenorizado de esas ejecuciones. No basta con anunciar un número total de infraestructuras; la población tiene el derecho, y el Estado el deber, de conocer el estatus real, el costo, nivel de ejecución y la ubicación exacta de cada proyecto.
La transparencia no es un concepto abstracto, es la capacidad de verificar lo que se escucha desde el podio. Si lo que se defiende como verdad no lo es, entonces se convierte en un bumerang con consecuencias letales sobre lo que se busca proyectar.
Un punto crítico en este ejercicio es el rigor temporal. El mandato legal es inequívoco: el Presidente debe rendir informe sobre el último año de gestión. Incluir obras de periodos anteriores como si fueran logros recientes no solo distorsiona la realidad estadística, sino que torna el discurso repetitivo.
Esta práctica, lejos de fortalecer la imagen gubernamental, suele generar desconfianza en una sociedad que hoy es más crítica y está mejor informada. Cuando se presentan proyectos reciclados de años previos, porque así ha sido, se corre el riesgo de que el acto de rendir cuentas se perciba más como una pieza de propaganda que como un informe técnico y honesto. Para avanzar hacia una democracia madura, necesitamos que la rendición de cuentas sea un reflejo fiel del presente. Y que conste: los del pasado también lo hicieron.
Fortalecer los mecanismos de transparencia implica que las instituciones públicas publiquen, de manera proactiva y sin cortapisas, los listados de obras por demarcación, permitiendo que cada dominicano sea veedor del progreso en su propia comunidad.
Y debe quedar lo suficientemente claro: el desarrollo nacional no se construye solo con asfalto y concreto, sino con la confianza entre gobernantes y gobernados. Desde esta palestra, llamo a la clase política para que predique con el ejemplo y sea coherente en sus planteamientos.
Solo mediante la honestidad en el manejo de la información y la precisión en los datos podremos aspirar a ser una sociedad transparente en todos los órdenes. La claridad no debe ser una opción política, sino un compromiso innegociable con el futuro del país.
