Las economías no solo se desarrollan cuando crecen; también lo hacen cuando aceptan vivir bajo reglas más exigentes.
En los últimos años, República Dominicana ha comenzado a plantearse metas institucionales que apuntan en esa dirección. Está la aspiración de alcanzar el grado de inversión. Más recientemente, la ambición de acercarse a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ambas metas suelen discutirse por separado.
El grado de inversión se asocia a la percepción de riesgo en los mercados financieros, mientras que la OCDE se vincula con estándares institucionales y calidad regulatoria. En la práctica, ambas apuntan al mismo desafío: construir reglas económicas capaces de sostener el crecimiento.
La OCDE reúne a 38 economías que comparten estándares orientados a fortalecer la competencia, mejorar la calidad regulatoria, elevar la transparencia institucional y consolidar sistemas fiscales más sostenibles. En América Latina solo cuatro países forman parte de la organización: México desde 1994, Chile (2010), Colombia (2020) y Costa Rica (2021).
La experiencia de estos países muestra que la membresía en la OCDE no transforma automáticamente una economía. El verdadero valor del proceso está en algo menos visible: la disciplina institucional que exige sostenerla.
Alinearse con esos estándares implica revisar marcos regulatorios, fortalecer políticas de competencia, mejorar la calidad del gasto público y consolidar sistemas de transparencia y rendición de cuentas. En esencia, obliga a los países a compararse con reglas más exigentes y a sostenerlas en el tiempo.
Algo similar ocurre con el grado de inversión. Más allá de su dimensión financiera, es una señal de confianza sobre la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad de las políticas públicas. Los mercados no evalúan solo el crecimiento o el nivel de deuda; también observan la fortaleza de las instituciones que sostienen esas políticas.
Por eso ambos procesos convergen en el mismo terreno: la credibilidad de las reglas.
Estos logros no son irreversibles. Colombia ingresó a la OCDE en 2020 y perdió su grado de inversión un año después. Costa Rica se incorporó a la organización en 2021 y continúa enfrentando el desafío de fortalecer su estabilidad fiscal.
Estas trayectorias muestran que pertenecer a la OCDE no garantiza desarrollo automático, y el grado de inversión tampoco asegura estabilidad permanente. Ambos procesos dependen de la capacidad para sostener instituciones creíbles y políticas consistentes a largo plazo. Más que metas aisladas, el grado de inversión y llegar a los estándares de la OCDE apuntan hacia una misma dirección: la construcción de reglas capaces de sostener el desarrollo.
Porque, al final, el desarrollo sostenible también exige disciplina institucional.
