La corrupción, el fraude y la acción de la criminalidad organizada son comportamientos delictivos en aumento y que tienen un costo cada vez mayor en la economía, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que pide sistemas de integridad pública bien diseñados y, sobre todo, que no se queden en papel mojado y se apliquen en la práctica.
En la segunda edición de sus Perspectivas de Anticorrupción e Integridad, la OCDE señala que el principal reto es la brecha entre unas estrategias cada vez más extendidas y una puesta en práctica que deja mucho que desear.
En concreto, si en los 37 países miembros el nivel de solidez global de las reglas anticorrupción es del 63% con respecto al estándar, el porcentaje en su aplicación se queda en el 44%.
Algo similar ocurre en los 25 países socios cubiertos también por el estudio (entre los que hay nueve latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y la República Dominicana), con un 66% de cumplimiento normativo, pero sólo un 40% de cumplimiento práctico.
Los autores del estudio advierten de la dimensión del problema y se refieren a varias estimaciones hechas por otras organizaciones para indicar, amparándose en una investigación de 2022 que entre el 8% y el 25% de la inversión pública mundial -que supone aproximadamente el 13% del producto interno bruto (PIB)- puede perderse por culpa de la mala gestión y de la corrupción.
En la Unión Europea, en 2025 el Parlamento Europeo calculaba que el costo acumulado entre 2016 y 2021 de la corrupción en la contratación pública rondaba los 29,600 millones de euros.
La OCDE hace hincapié en que la corrupción perjudica al crecimiento económico porque hace que los mercados sean menos estables y predecibles, además de desalentar la innovación y la inversión y añadir costes de ineficiencia.
Además distorsiona las políticas públicas, incrementa las desigualdades y erosiona la confianza en las instituciones.
Sobre el fraude, los autores del estudio señalan que los ejemplos que se pueden observar muestran que el coste real del fraude en los programas públicos es superior al nivel de lo detectado, y eso debería ser un acicate para que los gobiernos refuercen la lucha contra esos comportamientos.
Cita el trabajo de algunas instancias oficiales, como la Fiscalía Europea, que en su informe anual de 2025 calculaba en unos 25,000 millones de euros el ejercicio anterior los daños causados por el fraude y otros delitos contra el presupuesto de la UE, y que eso suponía un incremento del 22.5% respecto al año anterior.
En Estados Unidos, la Oficina de Rendición de Cuentas estimó que el fraude en los programas del seguro del desempleo durante la pandemia de covid se cifró entre US$100,000 y US$135,000 millones, lo que equivalía a entre el 11% y el 15% del importe total de las prestaciones de empleo abonadas durante la pandemia.
En el Reino Unido, la Oficina Nacional de Auditoría cree que los organismos públicos pierden entre el 0.5% y el 5% de su gasto por fraude.
En cuanto al crimen organizado, la OCDE afirma que su alcance e impacto avanzan debido a la globalización y a la digitalización, lo que tiene profundas repercusiones económicas ya que podría tener un costo de entre el 2% y el 5 % del PIB mundial, es decir entre US$800,000 millones y dos billones de dólares al año, según la ONU.
Por regiones, ese coste representa el 2% del PIB en el Reino Unido, el 3.5% en América Latina y el Caribe y hasta el 4 % en Australia cuando se consideran los costes indirectos para la sociedad.
La OCDE hace notar que más allá del coste financiero, el fraude en el sector público erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones y abre brechas para una mayor explotación, para un menor incumplimiento de la legalidad y para que crezca la tolerancia entre el público hacia esos delitos.
