En 1995, mientras estudiaba en Barcelona, me perseguía una pregunta sencilla en su formulación, pero decisiva en sus consecuencias: ¿con quién debía converger la República Dominicana? No era una pregunta retórica. Era, para mí, una forma de pensar el futuro del país.
La primera respuesta parecía obvia: Europa. Pero pronto resultaba evidente que no. La Unión Europea era, y sigue siendo, una construcción institucional extraordinaria, pero República Dominicana no era miembro, no podía serlo, y por tanto no tenía sentido pensar su modernización como una suerte de integración imposible a un club político y jurídico que no estaba diseñado para nosotros.
La segunda posibilidad era Estados Unidos. Tampoco. Podíamos, desde luego, profundizar vínculos comerciales, financieros y estratégicos con la principal economía del mundo. Pero converger con Estados Unidos, en un sentido institucional fuerte, no era una opción real. Estados Unidos no ofrece a sus socios un itinerario de convergencia comparable al europeo, ni una arquitectura de incorporación gradual a sus estándares internos.
Quedaba entonces mirar a América Latina, Centroamérica y el Caribe. Pero allí también encontraba una dificultad de fondo. Nuestra región compartía historia, proximidad y desafíos, sí; lo que no tenía era un programa consistente de convergencia hacia mejores instituciones, mayor productividad, reglas más predecibles y un Estado de mayor calidad. Y, francamente, tampoco me parecía que ese fuera el horizonte correcto. Un país no progresa tomando como techo el promedio de sus pares; progresa cuando decide medirse contra los mejores.
Fue así como llegué a una conclusión que con el tiempo se convirtió en convicción: la República Dominicana debía converger, no con una geografía, sino con un conjunto de indicadores, estándares y buenas prácticas institucionales. Y en ese momento el referente más serio para ese propósito era, y sigue siendo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Esa convicción no se quedó en el terreno de las ideas. A partir de agosto de 2004, muchas de las reformas que impulsamos fueron pensadas precisamente desde esa perspectiva: no administrar el atraso, sino aproximar a la República Dominicana a estándares más altos de institucionalidad, regulación, disciplina macroeconómica, transparencia y calidad de las políticas públicas. Esa orientación de reformas no nació formalmente en la OCDE, pero sí era plenamente compatible con su universo de buenas prácticas. En buena medida, fue esa trayectoria la que hizo posible que, en 2009, el país ingresara al Centro de Desarrollo de la OCDE.
Esa convicción me llevó, años después, a impulsar que la República Dominicana ingresara al Centro de Desarrollo de la OCDE en 2009. No era la membresía plena, desde luego. Pero sí era un paso inteligente: permitía sentar al país en una mesa donde las naciones en desarrollo y emergentes dialogan en igualdad de condiciones con miembros de la OCDE, comparan políticas públicas y aprenden de experiencias ajenas. El Centro de Desarrollo no sustituye la adhesión, pero sí ayuda a crear lenguaje común, disciplina analítica y vocación de reforma.
Por eso corresponde felicitar al gobierno dominicano por una decisión correcta que quedó plasmada en el Decreto 408-25 de 2025. Ese decreto no resuelve el desafío, pero sí hace algo políticamente indispensable: convierte una aspiración dispersa en una prioridad de Estado.
Más recientemente, el gobierno ha dado otra señal relevante. La República Dominicana firmó con la OCDE un memorándum de entendimiento que establece un marco de cooperación en áreas como crecimiento económico, educación, gobernanza, gestión ambiental y dimensión regional. La propia OCDE dejó claro que ese paso no equivale a la apertura de un proceso formal de adhesión. Es decir, estamos ante una plataforma seria de convergencia, no todavía ante la antesala institucional de la membresía. Esa distinción importa.
Importa porque la cuestión nunca ha sido entrar a un club por vanidad diplomática. De lo que se trata es de usar una arquitectura exigente de comparación internacional para reformarnos mejor. La OCDE no debería verse como un asunto de prestigio externo, sino como una referencia para la transformación del Estado.
Y esa relación solo será valiosa si sirve para alterar rutinas, alinear incentivos y modernizar instituciones. La organización no es, como a veces se caricaturiza, un simple “club de países ricos”. Es, más bien, un sistema de referencias sobre cómo organizar mejor la vida económica e institucional: cómo diseñar mejores políticas educativas, cómo profesionalizar el servicio público, cómo fortalecer la competencia, cómo mejorar la calidad regulatoria, cómo combatir la corrupción, cómo hacer más transparente el gasto, cómo evaluar políticas y cómo construir un Estado capaz de aprender y corregirse.
Pero conviene no equivocarse en la interpretación. La firma de un memorándum, por importante que sea, no sustituye las transformaciones de fondo. En la República Dominicana a menudo confundimos el gesto con el cambio, la foto con la transformación, la declaratoria con la capacidad estatal. Y la relación con la OCDE solo tendrá sentido si se traduce en reformas efectivas, no en retórica modernizadora.
Ahora bien, sería igualmente un error subestimar lo que está ocurriendo. Que el Estado dominicano haya decidido asumir como prioridad el objetivo de adhesión envía una señal correcta. Significa que empezamos a aceptar que nuestro problema no es solo cuánto crecemos, sino cómo nos organizamos; no solo cuánto invertimos, sino bajo qué reglas; no solo cuánto gastamos, sino con qué transparencia, qué eficacia y qué capacidad de evaluación. Significa, también, entender que el desarrollo sostenible requiere algo más que dinamismo empresarial y estabilidad macroeconómica: requiere instituciones confiables, políticas públicas de calidad y un Estado que aprenda.
No obstante, sería ingenuo suponer que la convergencia con la OCDE es un acto administrativo. No lo es. Es una empresa de largo plazo que obliga a tocar intereses, corregir rezagos y aceptar comparación externa. Requiere reformar sin eufemismos la calidad de la regulación, la coordinación del Estado, la integridad pública, la política educativa, la productividad, la gestión ambiental y, de manera muy particular, la arquitectura fiscal y presupuestaria. Requiere también aceptar algo que las sociedades poco dadas a la autoevaluación tienden a resistir: que modernizarse es someterse a estándares que no controlamos por completo.
Aun así, esa es precisamente la razón por la cual vale la pena. Los países no convergen por autocomplacencia. Convergen cuando adoptan métricas exigentes, aceptan escrutinio y entienden que el desarrollo no consiste solo en crecer, sino en construir instituciones capaces de sostener ese crecimiento con legitimidad, equidad y previsibilidad.
La República Dominicana necesita exactamente eso: menos excepcionalismo y más comparación; menos retórica de éxito y más disciplina institucional. Durante demasiado tiempo hemos querido demostrar que somos una economía destacada dentro de nuestro entorno inmediato. Esa ambición ya es insuficiente. El reto ahora es otro: convertirnos en un país capaz de compararse con los mejores, no para imitarlos mecánicamente, sino para elevar el umbral de nuestras propias posibilidades.
Por eso saludo la decisión del gobierno. Y, al mismo tiempo, sugiero evitar triunfalismos prematuros. El Decreto 408-25 es una buena noticia. El acuerdo reciente con la OCDE también. Pero ninguno de los dos sustituye lo esencial: hacer de la convergencia una política de Estado que sobreviva a los gobiernos, a los ciclos electorales y a la tentación dominicana de confundir propósito con resultado.
La pregunta que me hice en Barcelona en 1995 sigue vigente. Solo que hoy la respuesta es más clara que entonces. La República Dominicana no tiene por qué resignarse al promedio regional ni a la lógica del rezago administrado. Puede, si así lo decide, converger con las mejores prácticas del mundo. La cuestión ya no es con quién debemos converger. La cuestión es si tendremos la constancia institucional para hacerlo.
