El International Budget Partnership (IBP) y la Fundación Solidaridad presentaron los resultados de la décima edición de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, en la que República Dominicana alcanzó una puntuación de 82 sobre 100 en el pilar de transparencia, resultado superior al registrado en la edición de 2023.
Esta calificación sitúa al país por encima del umbral de 61 puntos que el IBP establece como indicativo de que un gobierno publica un volumen suficiente de información presupuestaria para permitir al público comprender las decisiones fiscales y sostener un debate público informado sobre la política fiscal.
Esta investigación que se realiza a nivel mundial para evalúar la transparencia presupuestaria, las oportunidades de participación pública y el desempeño de las instituciones de vigilancia en el proceso presupuestario de 83 países, destaca mejora sostenida de RD en este aspecto.
Indica que de 51 puntos en 2015, el país pasó a 66 en 2017, a 75 en 2019, se mantuvo en 77 en los ciclos 2021 y 2023, y alcanza su puntaje más alto con 82 en 2025. “Este progreso refleja el esfuerzo sostenido de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), institución que ha liderado la ampliación y mejora de los documentos presupuestarios disponibles para la ciudadanía”, resalta. En esta edición, señala que el avance se explica principalmente por la incorporación de información más completa en varios de los documentos presupuestarios.
Con el fin de seguir fortaleciendo la apertura presupuestaria, el IBP recomienda que República Dominicana mejore la divulgación de información sobre la ejecución presupuestaria. “Una mayor y más oportuna disponibilidad de estos datos permite a la ciudadanía, la sociedad civil y los organismos de control verificar si los recursos públicos se están utilizando conforme a lo aprobado, contribuyendo así a prevenir la mala gestión, reducir los espacios para la corrupción y aumentar la confianza en las instituciones del Estado”, sugiere.
Participación pública: consolidación con margen de mejora
En el pilar de participación pública, República Dominicana obtuvo 52 sobre 100 en la Encuesta 2025, frente a los 48 puntos registrados en 2023. El IBP reconoce que el Gobierno ha establecido consejos de desarrollo municipales y provinciales durante la formulación presupuestaria, así como consultas públicas durante la fase de ejecución, como mecanismos activos de vinculación ciudadana. Sin embargo, para seguir fortaleciendo este pilar, el IBP recomienda que el Ejecutivo involucre activamente a comunidades subrepresentadas, de manera directa o a través de organizaciones de la sociedad civil que las representen en la fase de ejecución.
En el ámbito legislativo, el IBP recomienda que el Congreso Nacional permita que miembros del público y representantes de organizaciones de la sociedad civil participen en sus audiencias sobre la Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo antes de su aprobación, así como en las audiencias referidas al Informe de Auditoría.
Vigilancia presupuestaria: resultado limitado con oportunidades de fortalecimiento
En el pilar de vigilancia, la República Dominicana obtuvo una puntuación compuesta de 56 sobre 100, superando ligeramente los 54 puntos de la edición anterior, con resultados de 56/100 tanto en vigilancia legislativa como en vigilancia de auditoría. De acuerdo con la escala del IBP, esta calificación corresponde a la categoría de vigilancia “limitada”, que abarca puntajes entre 41 y 60 puntos.
Para mejorar la vigilancia legislativa, el IBP recomienda al Congreso Nacional debatir la política presupuestaria antes de la presentación de la Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo y formular recomendaciones para el próximo ciclo. “Las comisiones legislativas deben examinar dicha propuesta y publicar en línea sus informes de análisis; igualmente, deben monitorear la ejecución presupuestaria durante el año y examinar el Informe de Auditoría, publicando sus conclusiones de forma accesible al público”, sostiene el informe.
En cuanto a la Cámara de Cuentas, el IBP sugiere que sus procesos de auditoría sean revisados de manera independiente por una entidad externa a la propia institución, que cuente con la autonomía, competencia técnica y credibilidad necesarias para evaluar y verificar objetivamente la calidad de las auditorías realizadas, garantizando así que su labor fiscalizadora esté sujeta a un escrutinio riguroso e imparcial.
El IBP señala, además, que República Dominicana no cuenta con una institución fiscal independiente (IFI), herramienta ampliamente reconocida para proveer análisis técnico y no partidista que contribuya a una mayor calidad del debate presupuestario.
La Fundación Solidaridad entiende que la transparencia presupuestaria “no es un fin en sí misma, pues cuando los ciudadanos cuentan con información clara sobre cómo se administran los recursos del Estado, se fortalece la confianza institucional y se crean condiciones para una gestión pública más eficiente”.
“La evidencia demuestra que la transparencia y la participación en el proceso presupuestario se asocian con prioridades más focalizadas y mayor eficiencia operativa”, asegura.
Agrega que sin acceso a información presupuestaria confiable, sería muy limitado para la ciudadanía y los medios de comunicación identificar una mala gestión y actos de corrupción; “una mayor apertura informativa empodera a la sociedad civil y a los medios de comunicación para exigir rendición de cuentas”. “El presupuesto nacional debe ser, ante todo, un instrumento de transparencia al servicio del bien común”, dice la entidad.
