Desde 2019 hasta mayo de 2025, República Dominicana registró 16,614 denuncias de abuso sexual contra menores de edad, según estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR) obtenidas por elDinero a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP). La cifra refleja una realidad: cada semana, en promedio, se reciben al menos 50 denuncias de abuso sexual infantil, equivalente a un caso cada tres horas y media.
Sin embargo, el número de sentencias emitidas por estos delitos evidencia una marcada diferencia entre los casos denunciados y los procesos que culminan con condenas. Datos suministrados por el Poder Judicial, tras una solicitud a raíz del reportaje “Infancias rotas: RD registra en promedio 50 denuncias semanales de abuso sexual infantil”, publicado por este medio en abril, revelan que en el país entre 2019 y 2024, se dictaron 2,217 sentencias condenatorias o afines por abuso sexual e incesto contra menores de edad. Esto indica que alrededor del 13.3% de las denuncias por ese tipo de delito termina en sentencia judicial.
Las estadísticas judiciales corresponden a procesos en fase de juicio de primera instancia y muestran que, en ese período, también se registraron 567 condenas vinculadas específicamente a incesto. Las cifras, sin embargo, son preliminares y están sujetas a verificación. Tampoco incluye los casos de prisión preventiva de abuso sexual contra menores de edad ni necesariamente corresponde a las denuncias de igual período, ya que son salidas de casos sin considerar la fecha de entrada.
Pese a esto, el contraste entre denuncias y condenas se hace más evidente al comparar los datos acumulados. Mientras la PGR reporta más de 16,000 denuncias de abuso sexual infantil entre 2019 y mayo de 2025, las sentencias condenatorias contabilizadas por el Poder Judicial suman poco más de 2,000 en el período 2019-2024, lo que refleja las posibles dificultades que enfrentan estos casos para llegar a una resolución judicial definitiva.
Solo en 2024 se denunciaron 8,875 casos de abusos contra niños, niñas y adolescentes (NNA). De ese total, 3.066 correspondieron a abuso sexual, equivalente al 34,5% de todas las denuncias registradas contra menores.
En el desglose más reciente del Poder Judicial, correspondiente a 2024 y 2025, se observa que los casos relacionados con violación sexual y abuso sexual concentran la mayor cantidad de condenas. Durante 2024, aunque los registros aparecen incompletos, se contabilizaron 554 casos asociados a delitos sexuales contra menores. De estos, 304 concluyeron con condenas o salidas afines. Las infracciones con mayor incidencia fueron violación sexual, con 170 casos; abuso sexual, con 192; e incesto, con 72.
Para 2025, las estadísticas del Poder Judicial reflejan 1,241 casos vinculados a delitos sexuales contra menores. De ellos, 731 terminaron en condenas o decisiones afines. El abuso sexual, tipificado en el artículo 396-C, acumuló 533 casos, de los cuales 315 concluyeron con condenas. Asimismo, se registraron 367 casos de violación sexual y 163 de incesto.
El total de casos no coincide necesariamente con la suma de las infracciones, debido a que un mismo expediente puede contener múltiples delitos asociados.
La problemática también ha sido advertida por organismos internacionales. En 2025, Unicef en República Dominicana informó que el 52.2% de los adolescentes entre 15 y 17 años aseguraron haber sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida, un indicador que refuerza la dimensión estructural del problema y la necesidad de fortalecer tanto los mecanismos de denuncia como la capacidad de respuesta judicial.
En tanto, Carolina Bucher, directora de Fundación Abriendo Camino, advierte a elDinero que, sin un sistema unificado de información (registro) para dimensionar la magnitud real, identificar patrones y evaluar políticas, o realizar campañas públicas sostenidas para romper el tabú, promover la denuncia segura y una cultura de cuidado, se seguirá actuando de manera reactiva.
“No todos los casos de abuso sexual infantil son denunciados en el país porque el silencio, en contextos de pobreza y vulnerabilidad, muchas veces se percibe como una estrategia de supervivencia familiar”, especifica Bucher. En el caso de niñas inmigrantes en situación irregular, sostiene que la vulnerabilidad se multiplica: no solo hay miedo al agresor, sino también a las consecuencias del sistema.
