En el marco del mes de las madres y del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf), junto a Agareso y con el apoyo de la Xunta de Galicia, presentó los resultados de la investigación “Madres Invisibles: La Crisis Silenciosa de la Mortalidad Materna en República Dominicana”, un estudio que analiza las cifras, tendencias y desigualdades detrás de las muertes maternas registradas en el país entre 2019 y 2025.
La investigación cualitativa analizó 30 casos de muerte materna ocurridos en 2025, equivalentes al 17% del total anual, con cobertura en 15 provincias y 7 regiones del país.
El estudio advierte que, aunque en el país se ha venido registrando una reducción en el número de nacidos vivos durante los últimos seis años, las muertes maternas no disminuyen. En 2025 se registraron 177 muertes maternas y, aunque todavía no están disponibles los datos oficiales sobre nacidos vivos, el Observatorio de Mortalidad Materna de CIPAF proyecta una Razón de Mortalidad Materna de 154 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, una cifra que duplica la media de la región.
La investigación concluye que la mortalidad materna sigue siendo una crisis previsible y una deuda urgente del sistema de salud dominicano. El informe identifica que las mujeres no mueren principalmente por complicaciones del embarazo, sino por fallas del sistema de salud, exclusión y violencia, como la falta de atención oportuna, las desigualdades territoriales y socioeconómicas, y las limitaciones en la atención integral a las mujeres embarazadas.
Aunque Santo Domingo y Santiago concentran el mayor número de muertes maternas por su volumen de nacimientos, provincias como Independencia, Monte Plata, Hato Mayor y La Romana presentan los mayores niveles de riesgo, lo que evidencia profundas desigualdades territoriales.
La investigación muestra un perfil claro de las mujeres que mueren por causas maternas en República Dominicana: la edad promedio es de 32.5 años. Con frecuencia, se trata de mujeres dedicadas al trabajo doméstico no remunerado, con baja escolaridad y residentes en zonas rurales o en contextos de alta vulnerabilidad. Además, aunque asistieron a controles prenatales, esto no equivale a una detección oportuna del riesgo, ni contar con un seguro garantiza protección, ya que este no cubre insumos críticos como sangre, ambulancias y analíticas. Es decir, la emergencia se “privatiza de hecho”.
El estudio también documenta el impacto social de estas muertes: más de 36 niños y niñas quedaron en la orfandad. Ninguna de las familias recibió acompañamiento psicológico y, además, perdieron los beneficios sociales que recibían.
Asimismo, los datos muestran un crecimiento en las muertes maternas registradas en el país correspondientes a mujeres dominicanas, lo que evidencia que el problema no radica en la nacionalidad de las mujeres, sino en las fallas y en la deficiente calidad del sistema de salud, en particular del primer nivel de atención, así como en la pobreza y la precariedad que marcan la vida de muchas mujeres.
Durante la presentación, las organizaciones insistieron en que detrás de cada cifra hay historias atravesadas por barreras institucionales, negligencia y fallas evitables del sistema de salud. “La mortalidad materna no puede seguir tratándose como un dato aislado. Es una cadena de fallas que roba vidas de mujeres que pudieron salvarse y deja familias marcadas por pérdidas evitables”, expresó Tania Alfonso, una de las investigadoras.
El informe propone seis acciones urgentes: garantizar atención obstétrica oportuna y de calidad; asegurar la disponibilidad universal de sangre e insumos críticos; prevenir y sancionar la violencia obstétrica; transparentar los datos públicos; revisar la normativa restrictiva en salud sexual y reproductiva; e implementar Educación Sexual Integral en todos los niveles. También incluye recomendaciones específicas dirigidas a las principales instituciones del Estado.
“Que ninguna mujer muera dando vida debe ser un compromiso real del Estado y de toda la sociedad”, afirmó Syra Taveras, directora ejecutiva de CIPAF.
