Por: Tania De León
Hace algunos años trabajé para una organización donde, en momentos distintos, enfrentaron dos situaciones delicadas: un caso de robo por parte de un colaborador y otro relacionado con acoso sexual. Ambos episodios fueron detectados gracias a mecanismos internos que, en teoría, demostraban que el sistema funcionaba: uno a través del canal de denuncias y otro mediante controles internos.
Sin embargo, con el tiempo comprendí que la verdadera prueba del compliance no ocurre cuando el sistema detecta un problema sino después.
En ambos casos, la organización tomó la decisión de desvincular a las personas involucradas y pagar prestaciones laborales para evitar procesos judiciales que pudieran generar exposición mediática o afectar la reputación institucional. Y honestamente, esta práctica no es inusual. Muchas organizaciones públicas y privadas optan silenciosamente por administrar el riesgo reputacional desde la discreción antes que desde la confrontación abierta del problema.
Tradicionalmente, el compliance corporativo ha convivido con una tensión incómoda: ¿Qué pesa más: proteger la reputación o sostener los principios?…Y quizá ahí reside una de las reflexiones más importantes que deja el caso del presunto fraude que actualmente enfrenta el BHD.
Porque más allá del evento en sí mismo, sobre el cual deberán pronunciarse las autoridades competentes, existe un elemento institucional que merece atención: la decisión de activar el sistema de consecuencias y colocar el caso en manos de las autoridades, aun cuando ello inevitablemente implique exposición pública, conversación mediática y potencial impacto reputacional.
Y eso no es menor. En términos de gobernanza, probablemente ese sea uno de los momentos más auténticos del compliance, porque cualquier organización puede hablar de ética cuando no existe costo asociado. Lo verdaderamente difícil ocurre cuando actuar conforme a los principios implica asumir ruido, presión pública, cuestionamientos o impacto reputacional de corto plazo.
Ahí es donde el compliance deja de ser discurso y se convierte en decisión institucional. Muchos sistemas de cumplimiento fueron diseñados principalmente para prevenir sanciones regulatorias o construir narrativas reputacionales positivas. Pero la madurez institucional exige algo más profundo: la capacidad de sostener coherencia incluso cuando hacerlo resulta incómodo.
Y precisamente por eso este caso deja una reflexión relevante para el mundo corporativo: el objetivo del compliance no puede ser únicamente evitar escándalos; debe ser construir organizaciones capaces de responder correctamente cuando los escándalos ocurren.
Desde una mirada de nuestro modelo de Arquitectura de Decisiones de Integridad y Cumplimiento por diseño (ADIC), esto también representa un momento decisional crítico, porque las organizaciones no solo gestionan riesgos operativos o financieros; también enfrentan decisiones éticas sobre cómo reaccionar frente al incumplimiento una vez detectado y ahí aparece algo fundamental: el verdadero indicador de integridad institucional no es la inexistencia de incidentes, sino la manera en que la organización decide enfrentarlos cuando aparecen.
Esto no significa idealizar el evento ni desconocer la gravedad de lo ocurrido. Tampoco implica afirmar que ningún sistema pudo haber evolucionado o fortalecido determinados controles. Toda organización humana siempre tendrá espacios de mejora. Pero precisamente la madurez institucional consiste en comprender que el aprendizaje organizacional no surge de negar el riesgo, sino de enfrentarlo responsablemente.
Porque mientras muchas organizaciones siguen gestionando silenciosamente determinadas conductas para proteger reputaciones inmediatas, existe algo profundamente valioso en aquellas instituciones capaces de aceptar el costo de actuar conforme a sus principios aun bajo exposición pública.
Y quizá esa sea una de las lecciones más importantes que este caso deja para el mundo del compliance: la integridad institucional no se demuestra únicamente en los códigos de ética, sino en las decisiones difíciles que las organizaciones toman cuando sostener esos principios tiene un costo real.
Tania De León, Consultora internacional en compliance, ética y anticorrupción.
Investigadora, docente, autora y articulista.
