La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de la República Dominicana (Indrhi) llevan a cabo los VI Diálogos Regionales del Agua, bajo el lema “El Agua como Activo Estratégico para el Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe”.
El acto de apertura reunió a altas autoridades cuyas intervenciones convergieron en un mismo mensaje: la seguridad hídrica no es un problema sectorial, sino un eje transversal del desarrollo económico, social, ambiental y territorial de la región.
Davis Aracena, viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, destacó la urgencia de abordar la presión creciente sobre los recursos hídricos —sequías, degradación de cuencas, contaminación, y demanda urbana, energética, agrícola y turística en aumento— como una restricción que exige respuestas de política integradas y coordinadas. Subrayó el compromiso del Gobierno dominicano con una gestión hídrica que trascienda los planes y se traduzca en resultados medibles.
Martín Francos Rodríguez, viceministro de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Hacienda y Economía de República Dominicana, presentó el Catálogo de Mecanismos Alternativos de Financiamiento para el Sector Agua, una herramienta técnica desarrollada por el Gobierno dominicano para convertir la estrategia hídrica en inversión real.
El catálogo identifica 23 instrumentos priorizados agrupados en cuatro familias funcionales: alineación de incentivos, reducción de riesgos, estructuración financiera avanzada y financiamiento temático. El sector de agua y saneamiento es el segundo con mayor capacidad de absorción del país, con 19 instrumentos aplicables, antecedido solo por la agroindustria.
El diagnóstico que sustenta el catálogo es preciso: el sector obtiene una puntuación máxima (5.0) en inclusión y equidad, adaptación climática, bancabilidad y atractivo para cooperación internacional. Su mayor desafío no es la demanda de inversión —que existe y es sólida— sino la gobernanza institucional, que registra la puntuación más baja. El mensaje es directo: “Tenemos la demanda y el impacto; el desafío es modernizar la gobernanza para estructurar el capital”.
Entre los instrumentos destacados para el sector figuran bonos azules y verdes, préstamos vinculados a sostenibilidad, canjes de deuda por naturaleza, seguros paramétricos ante desastres y vehículos de finanzas mixtas para preparación de proyectos.
Olmedo Caba Romano, director ejecutivo del Indrhi, presentó la experiencia dominicana como un modelo concreto de articulación institucional. A través del Gabinete del Agua y el Pacto por el Agua 2021–2036 —aprobado en agosto de 2023 con un plan de inversiones de US$8,565 millones—, la República Dominicana ha logrado movilizar más de 100,000 millones de pesos en infraestructura hídrica, saneamiento, riego y monitoreo ambiental desde 2020.
Caba Romano también presentó los avances en la actualización del Plan Hidrológico Nacional hacia 2045 como columna vertebral de una visión de Estado a largo plazo.
Sus palabras resonaron con la convicción expresada por el presidente Luis Abinader Corona en el lanzamiento del Pacto: “No podemos seguir viéndola como un recurso inagotable, sino como un bien escaso y costoso, que es necesario manejar responsablemente para nuestro beneficio y el de las futuras generaciones”.
Jorge Mario Martínez Piva, director de la Sede Subregional de Cepal en México y Centroamérica, elevó el debate al nivel de la economía del desarrollo: América Latina y el Caribe arrastra tres trampas estructurales —bajo crecimiento, alta desigualdad y gobernanza deficiente— y el agua, señaló, permite ver las tres operando al mismo tiempo.
Su argumento fue contundente: el agua no es un sector más, sino una restricción estructural del desarrollo que opera en tres dimensiones simultáneas. Es productividad, porque sin seguridad hídrica no hay agricultura resiliente, energía confiable, industria sostenible ni ciudades funcionales. Es cohesión social, porque la forma en que se accede se paga y se distribuye el agua define derechos, vulnerabilidad y confianza ciudadana —haciendo de la agenda hídrica, también, una agenda de equidad e inclusión. Y es gobernanza, porque gestionar el agua exige exactamente la coordinación multiactor y multinivel que la región necesita para superar sus trampas estructurales: entre ministerios, niveles de Gobierno, sectores productivos, comunidades y países.
Terminó enfatizando que “El agua es una entrada privilegiada para mostrar cómo una política bien diseñada puede transformar restricciones estructurales en palancas de desarrollo sostenible”.
Ángela Penagos, directora de Cepal en Colombia y responsable de la Unidad de Agua y Biodiversidad, planteó el cambio de paradigma que impulsa la Cepal: “El agua no puede seguir siendo entendida únicamente como un recurso sectorial. El agua es un activo económico, social, ambiental y territorial, multifuncional y finito”.
Penagos llamó a tratar el agua como un superconector del desarrollo —que articula productividad, equidad, resiliencia climática, sostenibilidad fiscal y biodiversidad— y convocó a la región a presentarse en la Conferencia del Agua de la ONU “con una voz clara que reconozca el derecho humano al agua, defienda la protección de los ecosistemas, impulse la cooperación regional y promueva la seguridad hídrica como habilitante del desarrollo sostenible”.
Silvia Saravia Matus, oficial de Asuntos Económicos de Cepal, encargada de los temas hídricos, aportó la evidencia que convierte el debate en urgencia: 2.5 de cada 10 personas en la región carecen de agua potable segura, 5 de cada 10 no tienen saneamiento gestionado, y el 43% de los cuerpos de agua está en mala condición ambiental. En ciudades como Lima, Bogotá y Santiago, la crisis ya reconfigura la seguridad urbana y productiva. La región gasta apenas el 0.3% del PIB en agua, ejecuta solo el 72% de los recursos presupuestados, y al ritmo actual no alcanzaría el 81% de las metas del ODS 6 para 2030. “La brecha no es solo financiera. Es también una brecha de implementación”, advirtió.
Su propuesta fue concreta: valorar el agua —no para privatizarla, sino para enviar señales económicas correctas, proteger a los más vulnerables y hacer sostenibles los sistemas— a través de tarifas progresivas, mecanismos sociales focalizados y cargos por uso. Cerrar esa brecha, concluyó, exige actuar de forma simultánea en cuatro frentes: gobernanza robusta, financiamiento estructurado, generación de datos e innovación aplicada.
El mensaje central de las intervenciones fue compartido: América Latina y el Caribe debe avanzar, de manera urgente, hacia una gestión hídrica integrada, inclusiva y basada en evidencia. La región no carece de planes ni de compromisos, carece de capacidad para traducirlos en inversiones, políticas públicas y resultados concretos.
Los VI Diálogos Regionales del Agua, que concluyen hoy, buscan precisamente cerrar esa brecha: actualizar la Agenda Regional de Acción por el Agua hacia 2026, movilizar financiamiento hídrico sostenible y consolidar una posición regional común para la Conferencia del Agua de Naciones Unidas de diciembre 2026.
