Transitar por Santo Domingo implica convivir con una escena repetida: postes saturados de cables, tendidos que cuelgan sobre avenidas, alambres enrollados como nidos sobre las esquinas y redes que, en algunos puntos, bajan lo suficiente como para dificultar el paso de vehículos altos, e incluso, ponen en riesgo a los transeúntes. El desorden de las líneas aéreas se ha integrado al paisaje urbano de la capital casi con la misma naturalidad con que se asume el tránsito, el ruido o la ocupación irregular del espacio público.
Durante más de una década, autoridades municipales, organismos reguladores y entidades del sector eléctrico y de telecomunicaciones han anunciado acuerdos, pilotos y proyectos para reducir esa contaminación visual. Sin embargo, la presencia de cables acumulados sigue siendo una de las señales más visibles del deterioro del paisaje urbano. La pregunta ya no es si el problema existe, sino por qué persiste pese a los anuncios y qué actores tienen mayor responsabilidad en su solución.
Un dato suministrado por la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) a elDinero responde a una de esas cuestionantes, y de hecho, cambia percepción habitual. Según un comunicado compartido con este medio, el 95% del cableado corresponde a telefónicas reguladas y no reguladas. Es decir, aunque la población suele asociar esos tendidos con cables eléctricos, la mayor parte del entramado visible estaría vinculada a servicios de telecomunicaciones, televisión por cable y otros operadores.
Esta información fue confirmada por el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini, quien explicó que, aunque la mayoría de los postes pertenecen a las distribuidoras, sobre ellos operan redes de telecomunicaciones, empresas de cable y otros prestadores de servicios. En ese sentido, fue enfático al explicar que “mucha de esa contaminación no es de los cables eléctricos”.
El funcionario reconoce que existe un problema de contaminación visual no solo en Santo Domingo, sino también en Santiago y otras provincias principales del país. Sin embargo, advierte que gran parte de esa acumulación no corresponde al sistema eléctrico.
“Muchas personas nos llaman constantemente cuando hay cables que a veces ni los vehículos pueden pasar por abajo y realmente no son cables eléctricos; son cables de telecomunicaciones, de empresas de cable”, indicó. Pero, ¿cómo llegamos a este punto?
Problemática
Para el ingeniero Hiddekel Morrison, autor del primer libro sobre la historia de las telecomunicaciones en República Dominicana, la acumulación actual responde a décadas de crecimiento urbano y expansión de servicios sin suficiente planificación.
“Esta acumulación es el resultado de décadas de un crecimiento urbano y una expansión de servicios de telecomunicaciones y también de las redes eléctricas de forma no planificada, desorganizada”, explicó Morrison. Según indicó, el fenómeno se intensificó a partir de los años noventa, con la masificación de la televisión por cable, internet y telefonía, lo que aumentó significativamente la cantidad de cableado exterior.
Morrison señala que el problema no se explica únicamente por razones técnicas. También responde a falta de planificación, debilidades regulatorias y ausencia de mecanismos efectivos para retirar la infraestructura obsoleta.
A esto, Marranzini aclaró que las distribuidoras tampoco tienen libertad para intervenir directamente sobre gran parte del cableado instalado en sus postes. Según indicó, en ocasiones han tomado la decisión de reorganizar o agrupar tendidos en zonas donde la acumulación resulta crítica, pero esas acciones suelen generar reclamos de las empresas propietarias de las redes. “Muchas veces hemos tomado la determinación, en sitios donde es horroroso, de amarrar los cables y ellos (las telefónicas) protestan”, afirmó.
Ante esta realidad, el ingeniero Morrison agrega que los organismos responsables debieron establecer controles para que las empresas retiraran los cables que dejaban de utilizarse a medida que las tecnologías evolucionaban.
El predominio del cableado aéreo sobre el soterramiento también tiene una explicación económica. Morrison sostiene que el cableado aéreo es más rápido, menos disruptivo y más fácil de implementar, mientras que el soterramiento exige mayor inversión, planificación e intervención sobre calles, aceras y servicios ya existentes.
“El cableado aéreo es más rápido, menos disruptivo y se hace más fácil implementarlo. Sin embargo, el soterrado requiere una mayor inversión, un despliegue más cuidadoso”, afirmó Morrison.
El presidente del CUED, por su parte, explicó que las distribuidoras cobran a las empresas de telecomunicaciones por el uso de los postes, con montos que superan los US$2 mensuales por poste. Sin embargo, aclaró que ese cobro no significa que las distribuidoras puedan identificar cuáles cables están activos y cuáles quedaron en desuso.
“Nosotros no sabemos cuál se está usando y cuál no se está usando. Nosotros no tenemos equipo para medir qué es lo que ellos están usando”, afirmó.
A su juicio, una de las causas del problema es que los cables se instalan, pero no siempre se retiran cuando dejan de utilizarse por las telefónicas. “Yo pienso que se ponen y no se quitan”, dijo Marranzini.
La situación genera un efecto adicional. Cuando los cables bajan demasiado o son arrastrados por vehículos altos, también pueden provocar daños a los postes. Marranzini señaló que, en esos casos, las distribuidoras terminan recibiendo la responsabilidad pública, aunque el cableado afectado no necesariamente sea eléctrico. “Como aquí siempre es más fácil echarle la culpa a las empresas distribuidoras”, afirmó al referirse a la percepción ciudadana sobre el problema.
Promesas
El ordenamiento del cableado no es una conversación nueva. Durante más de una década, autoridades e instituciones han anunciado acuerdos, planes y proyectos con objetivos similares a los que hoy vuelven a ponerse sobre la mesa, aunque sus resultados todavía compiten con la persistencia del problema.
La iniciativa más reciente fue anunciada en febrero de 2026 mediante un acuerdo entre el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED) para avanzar en el retiro y ordenamiento del cableado.
El programa contempla levantamientos técnicos, identificación de cables activos y abandonados, retiro de infraestructura obsoleta y ejecución por etapas. Las zonas priorizadas incluyen Ciudad Colonial, San Carlos, Cristo Rey, Los Girasoles, Bella Vista, Piantini y Naco, además de corredores viales principales del Distrito Nacional.
De acuerdo con el ADN, el acuerdo contempla mejorar la visual de 300 kilómetros en ocho sectores y 13 avenidas principales del Distrito Nacional. Sin embargo, la estrategia no plantea, al menos en esta etapa, soterrar todo el cableado, sino organizarlo, retirar tendidos en desuso y reducir el impacto visual de la infraestructura aérea. Marranzini lo resume como una medida intermedia. “Nosotros no vamos a soterrar cables, sino que lo vamos a organizar”, señaló.
La propuesta toma como referencia intervenciones realizadas previamente. El ADN informó que en 2024 se ejecutó un piloto mediante el cual fueron readecuados 27 kilómetros de avenidas principales. Ese mismo año, el cabildo desarrolló un proyecto de descontaminación visual en avenidas como Abraham Lincoln, Máximo Gómez, Winston Churchill, Gustavo Mejía Ricart, Independencia, Sarasota, Tiradentes, César Nicolás Penson y México. La intervención buscaba agrupar cables, eliminar líneas abandonadas, retirar tendidos colocados en árboles o señales y reducir el impacto visual en corredores urbanos.
Un año antes, en 2023, el Gobierno anunció un plan contra la contaminación visual enfocado en el retiro de cables en desuso y el ordenamiento del tendido urbano. La primera fase se concentró en el Polígono Central, entre las avenidas John F. Kennedy, Winston Churchill, 27 de Febrero y Ortega y Gasset, con el objetivo de retirar cables abandonados, ilegales o colocados en condiciones inadecuadas.
Los esfuerzos actuales forman parte de una secuencia de iniciativas que se han anunciado en distintos momentos. En la Ciudad Colonial, el soterramiento de redes telefónicas y eléctricas fue incorporado dentro del proceso de revitalización urbana ejecutado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Turismo, Indotel, las empresas prestadoras y el Ayuntamiento del Distrito Nacional.
La primera fase de ese programa contó con US$30 millones financiados por el BID, mientras que una segunda etapa incorporó otros US$90 millones para intervenciones urbanas, infraestructura y servicios públicos. A ello se suman RD$460 millones anunciados por el Gobierno para obras complementarias, incluyendo soterramiento de cableado. De acuerdo con la versión más reciente del Plan de Adquisiciones de la operación DR-L1084, actualizada en mayo de 2026, se contemplan procesos por US$51.3 millones en obras, US$8.2 millones en bienes y servicios y US$14.1 millones en consultorías, para un total de aproximadamente US$73.6 millones.
Marranzini entiende que el soterramiento deberá formar parte de una solución futura, especialmente por la vulnerabilidad del país ante huracanes y fenómenos atmosféricos. Sin embargo, advierte que se trata de un proceso costoso. “Tarde o temprano tendremos que abocarnos a soterrar todos los cables”, afirmó, aunque reconoció que actualmente no existen los fondos para una intervención de esa magnitud.
Morrison estima en RD$10,000 millones el costo de soterrar una zona limitada como el Polígono Central, y plantea que el país debería abordar el desorden del cableado como una política pública de largo plazo, dividida en etapas. Primero, auditar y retirar lo que ya no sirve; luego ordenar lo que debe permanecer de forma aérea; y finalmente soterrar en zonas estratégicas, como áreas turísticas, comerciales o de alto valor urbano.
Alianzas
Una de las propuestas de mayor escala para transformar la infraestructura aérea del Distrito Nacional permanece en etapa de evaluación. Se trata de la iniciativa privada “Soterrado de Servicios Públicos”, presentada por Finisterre Capital, S.R.L., la cual fue recibida de manera definitiva por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) el 8 de septiembre de 2021, admitida mediante la Resolución 23-2021 el 11 de octubre de ese mismo año e incorporada al Banco de Proyectos el 10 de agosto de 2022.
La propuesta plantea la construcción de una red soterrada para electricidad, telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado sanitario y gas natural dentro del Polígono Central del Distrito Nacional, comprendido entre las avenidas John F. Kennedy, Winston Churchill, 27 de Febrero y Ortega y Gasset. El proyecto contempla la instalación de aproximadamente 300,000 metros lineales de infraestructura subterránea en un área de 4.26 kilómetros cuadrados.
De acuerdo con los documentos de la DGAPP, la iniciativa tendría una inversión referencial de RD$9,850 millones (unos US$179 millones) y un período contractual estimado de 40 años. Sin embargo, al cierre de esta edición, la propuesta continúa figurando con estatus de “admitida y en proceso de evaluación”, sin que se haya definido una autoridad contratante ni se haya iniciado un proceso de ejecución.
