La Unión Nacional de Empresarios (UNE) formuló un plan de cinco puntos para orientar la modificación de la Ley 42-08 y reclamó que el Congreso Nacional escuche de manera efectiva al empresariado formal antes de aprobar cualquier norma que impacte el mercado.
El planteamiento se produjo durante un encuentro empresarial celebrado en Cava Alta, en el que la entidad recibió a María Elena Vásquez, presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia.
El presidente de la UNE, Julio García, abrió el diálogo subrayando que la organización se identifica plenamente con los objetivos de ProCompetencia de promover y defender la competencia efectiva en beneficio de los consumidores, pero advirtió que esa defensa no puede ejercerse a costa de quien produce. “Ninguna regulación debe terminar penalizando al empresario que cumple, invierte y genera oportunidades”, afirmó.
García situó a las micro, pequeñas y medianas empresas en el centro de la inquietud. Recordó que “toda gran empresa en algún momento fue una Mipyme” y rechazó los privilegios indebidos, la informalidad agresiva, las cargas impositivas desproporcionadas y los abusos de posición dominante. En la misma línea, vinculó la salud del mercado a la certeza jurídica, “sin seguridad jurídica, reglas previsibles y sin proporcionalidad regulatoria, no hay inversión sostenible”.
Entre los puntos que plantea a tomar en cuenta, García citó que la modificación de la Ley 42-08 proteja la libre competencia sin penalizar el crecimiento legítimo de la empresa dominicana, especialmente de las Mipymes; que toda actuación de la autoridad se base en criterios técnicos objetivos, públicos y revisables, y que se preserve la confidencialidad de la información empresarial, en particular en investigaciones, análisis de mercado y revisión de operaciones.
Proponen asimismo, que se establezca una transición razonable, acompañada de capacitación previa para que las empresas conozcan sus obligaciones y adapten sus prácticas, además de que el Congreso Nacional escuche de manera efectiva al empresariado formal, “porque ninguna política pública que impacte al mercado debe construirse sin la participación de quienes producen, invierten y generan empleo”.
El dirigente empresarial reconoció que ProCompetencia puede desempeñar un papel valioso no solo como autoridad sancionadora, sino como aliada del desarrollo productivo, capaz de identificar barreras administrativas, trabas regulatorias y normas innecesarias que limitan la libre empresa.
Sobre esa base, propuso abrir una agenda de trabajo entre ProCompetencia, el Congreso Nacional y los sectores empresariales para construir guías prácticas, programas de capacitación y mecanismos preventivos que permitan a las empresas cumplir, competir y crecer con mayor certeza.
El encuentro tuvo lugar en momentos en que se discute el Anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica, que derogaría la Ley 42-08, creadora de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Frente a ese proceso.
García felicitó a Vásquez por la labor que encabeza en ProCompetencia desde su designación, el 22 de octubre de 2021, y reiteró la disposición de la UNE de aportar propuestas, acompañar procesos de capacitación y contribuir a una cultura empresarial de cumplimiento, transparencia y competencia leal.
