El Gobierno ha vuelto al Congreso con un paquete tributario que mezcla ideas útiles, urgencias de caja y medidas riesgosas. Varias medidas sensatas —aliviar anticipos a micro y pequeñas empresas, ampliar el régimen simplificado, retirar gravámenes viejos, facilitar acuerdos de pago, favorecer inversión, desmontar gradualmente el selectivo al seguro de vida y gravar consumos de riesgo como vapes y cigarrillos electrónicos— se conectan con una agenda técnica previa, elaborada entre 2013 y 2016 en el DGII/LAB, luego desmantelado.
Esa continuidad debió preservarse: quitar obstáculos a quien produce, invierte y cumple, y cobrar mejor donde hay razones económicas o sanitarias. Que el proyecto retome piezas de esa agenda es positivo; no por eso queda bien construido.
No mover el ITBIS puede ser prudente. Pero la discusión pendiente será convertirlo en un IVA moderno, con base clara, tramos explícitos, devolución funcional de créditos y compensación directa a hogares vulnerables y segmentos medios expuestos al costo de vida. La propia DGII define el ITBIS como un impuesto general al consumo tipo valor agregado, llamado IVA en otros países.
También es positivo dar rango legal a la tasa cero para leche, agua embotellada y pastas. Esos bienes ya estaban exentos o se vendían sin ITBIS al consumidor; el avance es limpiar la cadena del impuesto. En un bien exento, el ITBIS pagado en insumos suele quedarse como costo y terminar escondido en el precio. En tasa cero, el consumidor sigue sin pagar ITBIS, y el productor o vendedor puede acreditar o recuperar ese ITBIS si la reglamentación y la administración de créditos funcionan correctamente. Bien aplicada, la medida baja impuesto oculto y protege la mesa familiar; mal aplicada, crea saldos acumulados y costo fiscal sin impacto en precios.
El problema está en el conjunto. El Gobierno busca recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones. En su propia presentación, el subsidio a combustibles para 2026 se estima entre RD$37,398.8 millones y RD$51,581.2 millones si el WTI se mantiene entre US$90 y US$100. La similitud no prueba que todo irá a combustibles, pero impone una pregunta: cuánto irá a subsidio, inversión, protección social y déficit.
El gasto es la otra mitad ausente. Hacienda afirma que el gasto corriente cayó 0.5% del PIB en 2025 y que habría una reorientación de RD$30,000 a RD$40,000 millones. Pero el país necesita ver partidas, instituciones, montos, calendario y resultados. Antes de cobrar más, el Estado debe mostrar dónde corrigió, qué eliminó y qué protegió.
El subsidio no puede desmontarse de golpe: subiría transporte, alimentos y costos de producción. Pero mantenerlo abierto, sin calendario ni beneficiarios precisos, equivale a financiar una factura que todos pagan y pocos entienden.
El historial pesa. Si se cuentan los impuestos del Presupuesto 2021 retirados en 2020, la reforma fiscal anunciada y descartada en 2021, la Ley de Modernización Fiscal retirada en 2024 y este paquete, estamos ante el cuarto episodio tributario de la actual administración. Rectificar puede ser sano. Repetir el ciclo de anunciar, retroceder y volver con otro nombre revela falta de método para construir acuerdos fiscales estables.
La medida de peor calidad es el aumento del impuesto a cheques y transferencias: pasa de 0.0015, equivalente a 0.15% o 1.5 por mil, a 0.0020, equivalente a 0.20% o 2.0 por mil. Es un aumento relativo de 33.3%. Ese impuesto lleva casi 22 años vigente. La Norma 4-04 recoge que la Ley 288-04 estableció el 0.0015 sobre cheques y pagos por medios electrónicos.
El recargo cambiario fue una carga asociada a importaciones y acceso a divisas: se cobraba en un canal visible y producía ingresos, pero encarecía bienes, producción y comercio. También nació como transitorio y tardó más de dos décadas en desaparecer. En 2006 todavía se discutía la eliminación definitiva del 13% del recargo cambiario y de la factura consular sobre importaciones.
No debemos permitir que el 0.20% sea el nuevo recargo cambiario de la formalidad financiera. No es la misma figura jurídica, pero comparte una lógica peligrosa: cobrar donde hay rastro, aunque se distorsione la actividad. Cobrar más por usar canales bancarios trazables favorece el efectivo y castiga al contribuyente visible. Es fácil para la recaudación, pero costoso para la formalización.
La nueva amnistía también envía una señal equivocada. Desde 2021 se acumulan varios mecanismos de alivio o regularización: la Ley 7-21, la Ley 51-23, facilidades administrativas recientes y ahora otra amnistía. No todas tienen la misma naturaleza jurídica, pero juntas transmiten un mensaje peligroso: el cumplidor paga a tiempo; el moroso aprende a esperar. La propia DGII describió la Ley 51-23 como un tratamiento transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria con facilidades y amnistía de deudas estatales.
También hay que mirar con cuidado retenciones y anticipos. Las retenciones a pagos al exterior por software, publicidad digital, almacenamiento de datos, regalías y asistencia técnica pueden encarecer herramientas de trabajo. Las retenciones internas sobre alquileres, honorarios, servicios, pagos del Estado y otras rentas pueden afectar caja si no operan como pago a cuenta real. Y los anticipos sobre ingresos brutos plantean otro problema: vender mucho no significa ganar mucho.
La sobretasa de ISR empresarial a 30% por tres años para empresas con ingresos superiores a RD$1,000 millones puede discutirse en una coyuntura extraordinaria, pero debe tener vencimiento automático y estimación de impacto. El nuevo tramo de 27% para personas físicas de muy altos ingresos mejora la progresividad formal, aunque recaudará poco frente al total. Casinos, juegos de azar y pasajes aéreos requieren el mismo estándar: cuánto recaudan, quién paga al final y qué efecto tendrán sobre turismo, diáspora y conectividad.
El punto institucional más delicado es la objeción presidencial sobre incentivos. Hacienda debe evaluar costos fiscales; eso es correcto. Pero permitir que el Poder Ejecutivo objete caso por caso la clasificación de beneficiarios convierte una decisión técnica en una decisión expuesta a presión política. La inversión necesita ley, criterios publicados y control posterior, no permisos que dependan del despacho de turno.
La propuesta no debe descartarse completa. Sus piezas útiles deben preservarse, sobre todo porque varias retoman una línea técnica que el Estado debió continuar. Pero el Congreso no debería aprobarla sin un cuadro artículo por artículo de recaudación y costo fiscal, fecha de vencimiento para medidas temporales, uso previsto de los fondos, calendario para manejar el subsidio a combustibles y eliminación del poder discrecional sobre incentivos.
Una buena reforma no solo consigue dinero. También produce confianza. Esta cobra; todavía no organiza.
