Oficiales Civiles y personal administrativo de la Junta Central Electoral (JCE) reclamaron la intervención del Pleno de la institución ante lo que describen como un creciente deterioro de las condiciones laborales y de comunicación dentro de la Dirección Nacional de Registro Civil.
Los representantes del personal solicitaron un aumento salarial del 30%, mejores condiciones de trabajo y la apertura inmediata de un canal de diálogo que permita abordar las preocupaciones acumuladas durante los últimos años.
Los reclamantes sostienen que la actual directora nacional de Registro Civil, Rhina Díaz, no ha mantenido una comunicación efectiva con oficiales civiles y colaboradores de las distintas oficialías del país, situación que, según afirman, ha generado desmotivación, incertidumbre y un clima laboral marcado por el temor a expresar inquietudes o sugerencias. Además, revelaron que Díaz tiene a familiares en la nómina de la institución, así como a otros cercanos.
Asimismo, denunciaron que existe un sentimiento de desigualdad dentro de la estructura administrativa debido a decisiones salariales que, según indican, han beneficiado a determinados cargos mientras gran parte del personal operativo continúa esperando una revisión de sus ingresos.
Los representantes de los oficiales civiles aseguran que han intentado durante meses encontrar espacios de conversación institucional sin obtener respuestas satisfactorias, razón por la cual decidieron acudir a la opinión pública y solicitar la intervención directa del Pleno de la Junta Central Electoral.
Advirtieron que la situación podría escalar si no se producen respuestas oportunas por parte de las autoridades, debido a que en diversas oficialías del país existe un creciente malestar que podría desembocar en acciones colectivas de protesta.
Expresaron especial preocupación por el impacto que cualquier conflicto laboral podría tener sobre el proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, considerado uno de los proyectos institucionales más importantes de la JCE en la actualidad.
“Lo que buscamos es evitar que la situación llegue a un punto que pueda afectar los servicios que recibe la ciudadanía. Estamos solicitando diálogo, respeto, mejores condiciones de trabajo y una solución justa para quienes sostienen diariamente los servicios de Registro Civil en todo el territorio nacional”, expresaron.
Los reclamantes señalaron que una eventual paralización de labores en las oficialías tendría repercusiones directas sobre trámites esenciales para miles de ciudadanos, incluyendo registros de nacimiento, matrimonio, defunción, certificaciones y procesos vinculados a la futura renovación de la cédula.
Finalmente, hicieron un llamado al presidente y a los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral para que intervengan de manera urgente, promuevan el diálogo entre las partes y adopten medidas que permitan preservar la estabilidad institucional, proteger los servicios a la ciudadanía y garantizar el éxito del proceso nacional de cedulación.
