El exdirector gerente del FMI Rodrigo Rato fue condenado este jueves a cuatro años y seis meses de prisión por apropiarse indebidamente del patrimonio de la entidad financiera Caja Madrid a través del sistema de las tarjetas opacas al fisco durante su etapa como presidente de la entidad.
La Audiencia Nacional española, donde se juzgó el caso, también condenó su antecesor en el cargo, Miguel Blesa, a seis años por los mismos motivos.
Entre 1999 y 2012 ambos condenados, junto a otros 63 directivos de Caja Madrid gastaron con estas tarjetas más de quince millones de euros en actividades personales.
Entre los gastos realizados, destacan tres millones de euros en restaurantes, dos millones en disposiciones de efectivo, más de millón y medio en desplazamientos y viajes, más de un millón en grandes almacenes, cerca de 800,000 euros en hoteles y unos 700,000 en ropa y complementos.
En la sentencia de este jueves se recoge que Caja Madrid contaba con estas tarjetas para complementar dietas con un límite de dinero, pero cuando Blesa llegó a la presidencia, se “propició” que los directivos que disponían de ellas no justificaran el gasto, lo que demuestra, según el tribunal, un “uso particular” contra el patrimonio de la caja.
Sobre el régimen fiscal de estas tarjetas, la sentencia considera acreditado que el dinero del que disponían los usuarios no se incluía en las relaciones contractuales ni figuraba en el certificado de haberes facilitado por Caja Madrid cada año.
Entre los usuarios de estas tarjetas estaban representantes de los principales partidos españoles (el conservador PP y los socialistas del PSOE), así como sindicalistas y dirigentes empresariales, que estaban en los órganos de dirección de la caja, una entidad pública.
Caja Madrid fue una de las siete entidades que se fusionaron en 2011 para dar lugar a Bankia, ya presidida por Rodrigo Rato, ex ministro de Economía y ex vicepresidente del Gobierno español dirigido por el conservador José María Aznar (1996-2004).
Esa entidad tuvo que recibir en 2012 unos 22.000 millones de euros de fondos públicos para hacer frente al agujero financiero y después de una polémica salida a Bolsa, que también está siendo investigada por la justicia.
