El cumplimiento normativo basado únicamente en documentos y procedimientos formales pierde espacio frente a las exigencias de los mercados internacionales y las evaluaciones sobre la efectividad de los sistemas de prevención de lavado de activos.
Así lo resaltó Eliecer Alberto Castillo, oficial principal de Cumplimiento para las filiales internacionales de Banco de Occidente, durante una entrevista con elDinero en el XXIX Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA) y el XXIV Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores (Selatca), celebrado en Boca Chica.
Castillo sostuvo que aún persiste el denominado “cumplimiento cosmético o de papel”, diseñado para satisfacer los requerimientos del regulador. Sin embargo, aseguró que la presión de las auditorías internacionales y de los procesos de evaluación mutua impulsa a las entidades financieras a demostrar que sus sistemas funcionan en la práctica. “Hoy en día, los procesos de evaluación mutua y las auditorías internacionales no se quedan en el manual escrito; auditan la efectividad del sistema”, señaló.
A su juicio, una cultura preventiva se refleja cuando las áreas comerciales identifican y descartan operaciones que exceden el apetito de riesgo de la institución antes de que lleguen al área de cumplimiento. “El mercado y la presión internacional están asfixiando el cumplimiento superficial, convirtiéndolo en un lujo demasiado peligroso de mantener”, afirmó.
Responsabilidad
Castillo también se refirió al aumento de la responsabilidad penal individual que enfrentan los oficiales de cumplimiento en los casos de lavado de activos y otros delitos financieros. Según explicó, existe el riesgo de que estos profesionales sean utilizados como “chivos expiatorios” cuando una institución enfrenta un escándalo.
Ante ese escenario, recomendó documentar formalmente todas las advertencias, recomendaciones y desacuerdos relacionados con clientes o productos de alto riesgo. “El día que explota un escándalo, lo único que salva al oficial de cumplimiento es la evidencia irrefutable de que hizo su trabajo, escaló las alertas en tiempo y forma, y ejerció su derecho a disentir por los canales institucionales”, precisó.
El especialista consideró que esa trazabilidad documental no solo protege al profesional, sino que también fortalece la gobernanza y la gestión de riesgos dentro de las entidades financieras.
