[dropcap]E[/dropcap]l presidente Danilo Medina promulgó la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Con toda certeza es una de las apuestas más ambiciosas para ordenar uno de los sectores que históricamente ha sido atrapado por el caos y los intereses.
El reto, el ineludible reto, será su aplicación. ¿Cómo impedir que caiga en el cementerio de leyes que no juegan ninguna función útil a la sociedad? Y no se trata de su intención y su conformación, que de por sí es excelente; el hecho está en el obligadísimo cambio de “chip” que habrá de asumir el Estado. Y aquí caben todos: Autoridad, ciudadanía, medios de comunicación y el harto cuestionado sistema de justicia dominicano. ¿Cómo conjuntar los intereses en este sector tan complicado? Sin duda, y no se puede decir de otra manera, la autoridad será lo único que convencerá sobre su aplicabilidad.
Ninguna cosa hecha por el hombre es ni será perfecta. La Ley 63-17 no es la excepción. No será fácil hacer entrar en razón a quienes se creen dueños y señores de las calles, a quienes no respetan las señales de tránsito, a quienes les importa un comino pararse a tomar y dejar un pasajero donde les dé la gana; a esos “padres de familia” que se escudan en esta condición para irrespetarlo todo.
Pero esto no es todo. ¿Y qué decir de los poderosos, tan irrespetuosos como el poder que ostentan, que se consideran dioses, que les pasan por encima al “pobre policía de tránsito” que tiene que “hacerles el saludo” porque puede mandarlos a cancelar? El apoyo del Presidente, a propósito de este país presidencialista, será vital para fortalecer no sólo la autoridad, sino la moral de quienes la ejercen y aplican la ley.
Y esta posición no está cargada de pesimismo, jamás; simplemente analiza una realidad que durante años ha impedido que este sector, tan vital para la economía y para la ciudadanía, funcione correctamente. Aquí, por supuesto, nadie queda exento de responsabilidades. Nadie, absolutamente nadie. En primer lugar, como imperativo de la historia, están quienes han tenido la responsabilidad de hacer que marche con “todas las de la ley”.
Esta nueva ley, de la autoría del diputado Rafael Tobías Crespo, llega en un contexto caracterizado por la falta de educación, lo cual genera un déficit de conciencia respecto a lo importante que es transitar observando las normas elementales de convivencia. Esta carencia de todo sentido común entre los usuarios del transporte, de todos los que transitan por las calles dominicanas, pondrá a muchos a dudar sobre la aplicabilidad de la legislación.
Es justo reconocer el esfuerzo que ha hecho el Poder Ejecutivo con la campaña de prevención de accidentes de tránsito. Lo hace no sólo por preservar la vida de los ciudadanos, que será siempre lo más importante, sino porque también estos lamentables hechos representan una carga económica para el Estado y para las familias.
Todo radica, sin quizá, en cambiar el “chip” y hacer que todos los ciudadanos, comenzando por las autoridades y quienes hacen uso del volante, con una cuota muy importante para los peatones, entiendan qué esta legislación está concebida para una sociedad que está obligada a vivir bajo el orden e imperio de la ley.
Si esta nueva ley hubiera sido aplicada en un país del norte de Europa, en Estados Unidos, Canadá, Japón o cualquier otra sociedad con niveles de educación incuestionables, quizá no hubiera que escribir media línea expresando los retos que tiene por delante. Pero lamentablemente es República Dominicana, un país que carga con una deuda social que impide que unos pocos, en detrimento de la mayoría, entiendan y acepten que el orden beneficia a todos por igual.
Hay que insistir en cambiar el “chip” para que funcione. Concienciar con una dosis doble de autoridad será una buena receta para este nuevo orden jurídico.
