Por: Fidel Lorenzo
La revisión de la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social no puede seguir siendo postergada. Después de más de dos décadas de vigencia, resulta indispensable evaluar con seriedad qué tan eficiente ha sido el sistema y, sobre todo, si los trabajadores están recibiendo una protección proporcional al esfuerzo económico que realizan durante toda su vida laboral.
Hay una cuestión que debe quedar absolutamente clara: los fondos de pensiones se alimentan fundamentalmente del esfuerzo de los trabajadores y deben tener como prioridad la protección de esos trabajadores. No pueden convertirse, en ninguna circunstancia, en una especie de caja de financiamiento de empresas privadas cuyos riesgos terminan siendo asumidos por quienes aportan sus recursos.
Invertir los fondos de pensiones en el sector productivo no es necesariamente negativo. Todo lo contrario. Una economía moderna necesita mecanismos que permitan canalizar el ahorro nacional hacia inversiones productivas, generación de empleos, construcción de viviendas, infraestructura y desarrollo empresarial.
Pero una cosa es invertir responsablemente y otra muy distinta es utilizar el ahorro previsional de millones de trabajadores para refinanciar empresas privadas con garantías insuficientes o trasladando los riesgos hacia los afiliados.
El trabajador aporta obligatoriamente una parte de sus ingresos durante décadas. No está entregando ese dinero para que otros especulen con él. Está construyendo su seguridad económica para la vejez. Por eso, cada peso acumulado en su cuenta individual debe ser administrado con criterios de máxima seguridad, transparencia y rentabilidad.
¿Dónde está la voz de los trabajadores? Existe una contradicción que merece ser discutida públicamente. Los trabajadores son los principales aportantes del sistema, pero su participación efectiva en las grandes decisiones sobre el destino de esos recursos sigue siendo limitada.
¿Quién decide dónde se invierten sus fondos? ¿Qué nivel de riesgo se asume? ¿Quién determina qué empresas pueden recibir financiamiento? ¿Qué garantías existen? ¿Quién responde cuando una inversión produce pérdidas?
Estas preguntas no pueden ser consideradas secundarias. El trabajador no puede ser un simple espectador de lo que ocurre con el dinero que aportó durante toda su vida laboral.
La democracia económica también debe llegar al sistema de seguridad social. Hay que cambiar la lógica.
La discusión sobre la reforma de la Ley 87-01 no debe reducirse a aumentar o disminuir porcentajes de cotización, ni a una disputa entre administradoras, bancos, empresarios y otros actores económicos.
El debate debe comenzar por el ciudadano. El sistema debe preguntarse: ¿qué recibe el trabajador a cambio de décadas de aportes? No basta con acumular dinero. Hay que garantizar que esos recursos produzcan una pensión digna y que el sistema sea sostenible en el largo plazo.
Los fondos de pensiones representan uno de los mayores patrimonios financieros de República Dominicana. Por su magnitud, tienen capacidad para transformar la economía nacional. Pueden contribuir a financiar viviendas para trabajadores, proyectos de infraestructura, empresas productivas, innovación, agricultura, energía y otras áreas estratégicas.
Pero esa capacidad debe utilizarse con inteligencia y responsabilidad. No podemos aceptar que el ahorro previsional se convierta en capital barato para determinados sectores privados mientras el trabajador queda expuesto a los riesgos de las inversiones.
Más transparencia, más participación y más garantías.
Una reforma seria debería establecer mecanismos mucho más robustos de transparencia. El trabajador tiene derecho a saber dónde está su dinero, cuánto está produciendo, cuáles son los riesgos asumidos y cuánto pagan los administradores por manejar esos recursos.
También debe fortalecerse la supervisión y establecerse límites claros a la concentración de inversiones. Si los fondos de pensiones van a financiar empresas privadas, deben existir garantías suficientes, evaluación independiente de riesgos y reglas que impidan que intereses particulares prevalezcan sobre el interés de los afiliados.
Pero hay algo todavía más importante: los trabajadores deben tener representación efectiva en la gobernanza del sistema. No es suficiente hablar en nombre de ellos. Hay que permitirles participar en las decisiones que afectan directamente su patrimonio.
El ahorro previsional debe producir bienestar. Los fondos de pensiones no deben verse exclusivamente como instrumentos financieros. Son también una herramienta de política económica y social. Bien administrados, pueden ayudar a resolver problemas históricos de República Dominicana.
¿Por qué no utilizar una parte responsable y cuidadosamente regulada de esos recursos para desarrollar programas de vivienda para trabajadores? ¿Por qué no financiar infraestructura productiva que genere empleos? ¿Por qué no fortalecer sectores estratégicos de la economía nacional? ¿Por qué no crear instrumentos de inversión que permitan al trabajador beneficiarse directamente del crecimiento económico que sus propios ahorros contribuyen a financiar?
La respuesta no puede ser simplemente proteger el dinero en términos contables. Hay que protegerlo, hacerlo crecer y convertirlo en bienestar para quienes lo generan.
La reforma no puede hacerse a espaldas del trabajador.
Ha llegado el momento de abrir un gran debate nacional sobre la Ley 87-01. Gobierno, Congreso Nacional, empresarios, sindicatos, administradoras de fondos de pensiones, sector financiero, especialistas y organizaciones sociales deben sentarse en una misma mesa.
Pero en esa mesa el trabajador no puede ser invitado únicamente para escuchar, debe tener voz porque estamos hablando de su dinero, de su futuro y de su vejez. República Dominicana necesita un sistema de seguridad social que no sea diseñado alrededor de los intereses de sus intermediarios, sino alrededor de la dignidad de sus afiliados.
El dinero de los trabajadores no es dinero del empresariado, no es dinero de la banca y tampoco es dinero del Estado. Es el ahorro de quienes trabajan y cotizan para garantizarse una vejez digna. Por eso, la reforma de la Ley 87-01 no puede esperar. Los trabajadores no pueden seguir siendo dueños de su dinero solamente cuando llega la hora de aportar; deben ser protagonistas cuando llega el momento de decidir qué se hace con él.
