Hemos decidido publicar por partes estos apuntes reflexivos sobre una aleccionadora experiencia de gobierno que más adelante pretendemos reunir en un libro. Por razones de espacio, las notas al pie serán omitidas o integradas al texto cuando resulte conveniente. En realidad, estas páginas nacieron en la prensa, en reuniones de trabajo que solían extenderse mucho más allá de la jornada laboral y en el calor de debates interdisciplinarios que con frecuencia exigían respuestas inmediatas.
Muchas de mis entregas a la prensa digital versaron sobre educación, bienestar estudiantil, compras públicas, autonomía y descentralización, calidad, suplidores y auditorías. No todas tenían el mismo propósito ni fueron escritas desde el mismo lugar. Algunas fueron reflexiones motivadas por coyunturas o problemas específicos; otras se apoyaron en datos públicos, y otras surgieron del conocimiento directo de procesos administrativos que observé o acompañé durante más de dos décadas en el Estado.
El lector debe tener presente esta circunstancia desde el inicio. No escribo ajeno a los hechos ni como vocero oficial de una institución o de un gerente, aunque me tocó acompañar a un hombre con cualidades gerenciales realmente extraordinarias. Escribo como economista y servidor público que ocupó responsabilidades relevantes en la Administración, acumuló una larga experiencia en ella y fue testigo en primera línea de una etapa concreta del Inabie.
Al incorporarme al Inabie como director financiero y administrativo hacia finales de 2021, y posteriormente en labores de asesoría, tuve la oportunidad de conocer desde dentro esfuerzos de regularización, reconstrucción documental, planificación, calidad y defensa institucional. Esa cercanía me permitió apreciar avances que desde fuera podían pasar inadvertidos o ser subestimados. Por ello aclaro el punto de observación desde el cual formulo mis juicios.
Mi propósito no es canonizar una gestión ni negar la posibilidad de errores administrativos y quizás también de travesuras ilegales de las que nunca tuve pruebas documentadas, únicas capaces, en asuntos de esta naturaleza, de llevarme a conclusiones objetivas y honestas.
También somos de la firme convicción de que toda Administración debe ser fiscalizada. Ello abarca necesariamente compras, pagos, contratos, registros contables y decisiones de quienes, en cualquier nivel, manejan recursos públicos. Todos los actores que intervienen en la conducción de una institución tan compleja y socialmente sensible como el Inabie deben estar en condiciones de resistir el examen más riguroso.
Tal exigencia alcanza particularmente al Comité de Compras y Contrataciones. A la llegada de Víctor Castro a la Dirección Ejecutiva encontramos un órgano colegiado que prácticamente no deliberaba conforme a las exigencias legales y reglamentarias vigentes, posteriormente desarrolladas con mayor precisión por la Resolución núm. PNP-06-2022, ni conservaba un registro documental organizado, completo y creíble de sus actuaciones. En una institución que administra procesos de compras por miles de millones de pesos, considerar semejante debilidad una deficiencia menor sería casi declararse cómplice de las múltiples irregularidades encontradas hacia finales de 2021.
Finalmente, si bien el escrutinio debe alcanzar a todos, su rigor no consiste en reunir sospechas y convertirlas en condena. No negociamos nuestro convencimiento de que toda imputación seria exige reconstruir los hechos, distinguir períodos, individualizar responsabilidades y examinar la evidencia atendiendo a su trazabilidad completa, concediendo valor tanto a lo que confirma un señalamiento como a lo que lo modifica o desmiente.
En todo caso, no debemos perder de vista el hilo conductor de las presentes reflexiones: el bien mayor. En el INABIE, como hemos sostenido en sintonía con Víctor Castro, ese bien mayor no son las empresas contratadas ni la maquinaria administrativa, aunque ambas sean necesarias. Es el estudiante que recibe alimentación nutritiva, inocua y saludable, atención de salud y otras prestaciones que favorecen su permanencia en la escuela, su aprendizaje y su dignidad. Ese propósito superior —aquello que Ken Blanchard llamaría más importante que importante— debe orientar toda decisión institucional.
