El director nacional de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, informó que la institución no asignará defensores públicos para representar a empresas ni organizaciones privadas, de conformidad a la Constitución de la República y la Ley de la Defensa Pública.
Valentín explicó que el servicio de asistencia legal gratuito que brinda la Defensa Pública está concebido esencialmente para personas físicas y no para personas jurídicas.
“Algunos tribunales del Distrito Nacional se han empecinados en requerir defensores públicos para defender empresas y organizaciones privadas, sin advertir que están cayendo en trampas estratégicas interpartes”, señaló el funcionario.
El director de la Defensa Pública señaló que en ningún país de Iberoamérica la defensa pública brinda asistencia a empresas privadas. Citó que el único caso con un modelo distinto es España, pero se limita a organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios sociales y humanitarios, como ONGs y fundaciones. “Eso no pasa con las empresas privadas (personas jurídicas) en República Dominicana”, afirmó.
Señaló que la interpretación que hacen los jueces para justificar la asistencia a empresas privadas es totalmente errónea, “creyendo que cuando la ley y la Constitución hablan de persona no aluden a alguna excepción, pero pretenden ignorar que cuando la Constitución se refiere a empresas privadas las denomina personas jurídicas,
cuyos derechos fundamentales son totalmente distintos a los de las personas físicas”.
Valentín reiteró que la Defensa Pública es respetuosa de las decisiones de los tribunales del país, pero advirtió que no va a caer en “esa trampa mal intencionada de parte de jueces, fiscales y abogados privados”.
Indicó que, ya reposan ante el Tribunal Constitucional varios recursos de revisión constitucional interpuestos por la Defensa Pública frente a decisiones jurisdiccionales referentes a dichos requerimientos, los cuales están a la espera de ser conocidos.
Agregó que, “otros tribunales, frente al mismo tema, han decidido declarar en rebeldía a las empresas y han continuado con el proceso respecto a los imputados (personas físicas) a los cuales nunca se les ha negado el servicio de ser asistidos técnicamente en sus medios de defensa”.
La Oficina Nacional de la Defensa Pública reafirmó el compromiso de garantizar el derecho a la defensa de las personas que no cuenten con recursos para pagar un abogado privado, priorizando a los sectores más vulnerables del país.
