[dropcap]E[/dropcap]l estudio “Reflejo de la inseguridad ciudadana en el clima de negocios”, encargado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), está lleno de verdades; confirma lo que a altas voces conoce y socializa la opinión pública: la delincuencia (común u organizada) tiene efectos económicos y perturba la productividad de las empresas. Por supuesto, hay que agregar otro ingrediente: la incertidumbre que genera en las personas.
Sin embargo, hay por lo menos tres variables que sobresalen sobre las demás: un 75.5% de las empresas encuestadas afirma que la inseguridad ha empeorado en los últimos 12 meses, el 21.9% estima que está igual y sólo el 2.3% indica que ha mejorado. La transcendencia de estos resultados está en que un 96.1% asegura que esta realidad afecta el clima de negocios en el país.
La investigación, llevada a cabo por la firma Deloitte, establece que un 44.5% de los encuestados afirma que sus negocios han sido víctimas de algún acto delictivo, mientras que el 55.5% dice lo contrario. De las que sí han sido víctimas, un 36.8% le ha ocurrido cinco o más veces y al 21.1% le ha ocurrido más de tres veces.
La variable de los costos fue analizada en el estudio, pues cuidarse de los delincuentes conlleva costos anticipados. ¿Qué quiere decir? Invertir en dispositivos, personal y tecnología para minimizar los riesgos. “La victimización se refiere a la consumación del delito y las consecuencias de dicho acto en las empresas encuestadas”, define Deloitte.
Los datos disponibles establecen que ciertamente hay razones para preocuparse y ocuparse. Según el Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2013-2014, República Dominicana posee la percepción de inseguridad y victimización más alta de América Latina, con 64.8% en el deterioro de la seguridad. Mientras, informaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), de 2010, destacan que un 68.4% de las empresas paga para su seguridad.
Según el Índice de Competitividad Global 2015-2016, referido en el estudio de Deloitte, el país ocupa la posición 121 en costo en los negocios por la violencia y el crimen, pero subió una posición más, a la 122, el informe de 2016-2017.
Para Eugene Rault Grullón, presidente de ANJE, “este estudio posee una gran relevancia a propósito del discurso del presidente Danilo Medina, quien el pasado 27 de febrero anunció un compendio de medidas en términos de seguridad ciudadana de cara a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas”.
El representante de los jóvenes empresarios espera que el estudio sirva de apoyo para las autoridades encargadas de la investigación, persecución y condena de actos delictivos, pues son las responsable en garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.
En el caso de las Mipymes, según su proporción de empleados y activos, son las más afectadas, pues específicamente las empresas pequeñas gastan hasta RD$1.2 millones tanto en inversión de servicios de seguridad y mantenerlos. Lo anterior, indican los hallazgos del estudio, se atenúa cuando las empresas son víctimas, pues deben gastar en recomponerse de los daños del delito en promedio RD$459,000.
¿Cómo considera usted afecta la inseguridad a las empresas, como dice la ANJE?
- Mucho (56%)
- Poco (24%)
- Nada (20%)
Loading ...Un detalle que el presidente de ANJE considera preocupante es que si se elimina la inversión inicial y sólo se considera el gasto anual, el servicio de seguridad pudiera representar hasta el 3% de sus ventas anuales. “Si le incluimos el costo de los actos delictivos esta cifra pudiera alcanzar hasta un 6%”, sostiene.
Rault Grullón entiende que para ANJE un dato que llama a igual reflexión es el bajo nivel de respuesta de las autoridades de cara a las empresas como víctimas de la delincuencia, pues solo el 43.9% que sí denunció el delito dice no haber recibido respuesta de las autoridades, contrario al 2.4% que afirman que el culpable fue apresado y condenado.
Según el estudio, del 28.1% de las empresas encuestadas que no denunció el delito, 34.6% no lo hizo por falta de confianza en las autoridades y 30.8% manifestó que no valía la pena hacerlo.
La falta de respuesta de las autoridades ante casos de investigación produce que el 15.4% de las empresas que han sido víctimas de delitos prefieran arreglar por su propia cuenta el hecho, es decir “tomar la justicia por sus manos”, sin recurrir a las vías legales correspondientes.
La firma Deloitte concluye, a manera de recomendaciones y sugerencias, que las empresas deben ofrecer cursos de manejo de armas a los empleados, de seguridad vial, primeros auxilios y entrenamientos para la seguridad.
Sugiere, asimismo, implementar e inculcar la disciplina en los trabajadores, enfocarse en capacitar a los empleados en implementar procedimientos y manuales de seguridad para que sepan cómo reaccionar ante actos delictivos.
Considera necesario explicar, entrenar y demostrar, así como también señalar las repercusiones al no seguir los procedimientos e indicaciones. El estudio pide a las empresas del mismo sector o industria realizar estudios de riesgo y amenazas que presentan, con el propósito de definir cuáles son los puntos a trabajar.
Los expertos de Deloitte sugieren alineación de esfuerzos con países de la región para reducir la inseguridad y actos delictivos, apoyo de facilitadores juveniles de organizaciones internacionales para la cooperación internacional.
Entienden que se puede trabajar en la mejora de la calidad de la educación moral y cívica en las escuelas, educar sobre cómo los estudiantes deben proceder ante actos delictivos.
Medidas y diversas iniciativas legales contra la delincuencia
Al presentar el estudio, la firma Deloitte destaca que durante la misma década en que se ha incrementado la inseguridad, el Estado ha implementado diversos planes, programas y estrategias para combatir el crimen y la delincuencia en el país.
Entre las estrategias están: Plan de Seguridad Democrática por Decreto 263-05 (2005), Consejo Nacional de Seguridad por Decreto 315-06 (2006), Directiva de Seguridad y Defensa Nacional por Decreto 189-07 (2007), Observatorio de Seguridad Ciudadana por Decreto 358-12 (2012), Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana por Decreto 119-13 (2013), Plan Integral de Seguridad Ciudadana con Sistema de Emergencia 911 por Ley 140-13 (2013), Reforma de la Ley 139-13 Orgánica de las Fuerzas Armadas (2013) y la reforma de la Ley 590-16 Orgánica de la Policía Nacional (2016), entre otras medidas.
Los datos analizados en el estudio concluyen que la inseguridad ciudadana impacta negativamente al clima de negocio, ya que reduce la productividad de las empresas, ocasiona un deterioro al clima laboral interno, disminuye el rendimiento de los empleados, reduce las ventas y ocasiona daños económicos, al tiempo de arrojar en sus conclusiones diversas recomendaciones de cara al sector público y sector privado.
El estudio fue realizado a nivel nacional con una muestra de 128 empresas multisectoriales, con información recabada en 2016. Fue ejecutado a propósito del Proyecto Acción por la Seguridad y Justicia (PAJS), gracias al apoyo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
