La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) pidió que la protección de los sectores productivos sea colocada en el centro de las negociaciones del Gobierno dominicano con los Estados Unidos sobre el tratamiento del arroz.
La organización aseguró este lunes en un comunicado que el interés que debe prevalecer en cualquier acuerdo es la “protección de los productores nacionales y de la capacidad productiva del país”.
“El arroz no puede ser abordado únicamente como un producto comercial: constituye uno de los principales componentes de la dieta dominicana, sostiene una importante cadena productiva y representa un elemento fundamental de nuestra soberanía”, expresó el presidente de Confenagro, Wilfredo Cabrera.
La organización señaló que la consideración de la importancia de este alimento ha sido reconocida por el propio Estado dominicano, tal y como recoge el Decreto 693-24, que establece que el arroz es un producto sensible, cuya producción estable e ininterrumpida resulta “clave” para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, y reconoce la necesidad de preservar la capacidad productiva interna del país.
Indicó que la protección de la producción nacional se recoge en el artículo 54 de la Constitución de la República, que establece como responsabilidad del Estado promover el incremento de la productividad agropecuaria con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria.
Cabrera aseguró que los productores dominicanos necesitan “estabilidad, reglas claras” y condiciones que les permitan producir, invertir y planificar a largo plazo.
“En el caso del arroz, hablamos de más de 30,000 productores y una cadena productiva que genera más de 300,000 empleos directos e indirectos, por lo que garantizar su estabilidad es también proteger la producción nacional y la soberanía alimentaria del país”, afirmó Cabrera.
La confederación explicó que “las experiencias de los últimos años”, particularmente la pandemia del covid-19, los conflictos bélicos y las alteraciones de las cadenas internacionales de suministro, han demostrado que “preservar la capacidad de producir” los propios alimentos constituye una “garantía estratégica” para el país en momentos de crisis.
Aseguró que el país puede honrar sus compromisos comerciales internacionales y mantener relaciones económicas sólidas con sus socios, pero este proceso debe desarrollarse “sin poner en riesgo la producción nacional de un alimento estratégico ni las condiciones que permitan su sostenibilidad en el tiempo”.
