La articulación entre los sectores de minería, energía y agua, la descarbonización de las operaciones extractivas y una mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones figuran entre las principales prioridades para garantizar que la transición energética impulse el desarrollo territorial en América Latina y el Caribe.
Así lo planteó Ana Carolina González, directora sénior de Programas y Latinoamérica del Natural Resource Governance Institute (NRGI), durante la presentación del Libro Blanco de Minería y Energía de América Latina y el Caribe, celebrada en el Hotel El Embajador, en Santo Domingo, previo a la XI Semana de la Energía organizada por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM)n de República Dominicana.
La especialista señaló que la transición energética mundial ha incrementado la demanda de minerales estratégicos, pero también ha elevado los requerimientos de agua y energía para la actividad minera, lo que obliga a los países a replantear la forma en que planifican el desarrollo de estos sectores.
“Los minerales son fundamentales para la transición energética, pero su producción requiere cada vez más energía y más agua. El desafío es cómo gestionar esos recursos de manera coordinada y con una visión territorial”, explicó González.
Como primera prioridad, González destacó la necesidad de avanzar hacia una planificación integrada que involucre a las distintas instituciones públicas y a los gobiernos locales.
Indicó que, en la mayoría de los países de la región, los proyectos mineros, energéticos e hídricos suelen diseñarse y aprobarse por separado, lo que dificulta una gestión eficiente de los recursos y limita las oportunidades de desarrollo para las comunidades donde se ejecutan las inversiones.
A su juicio, la coordinación entre organismos estatales y autoridades locales permitirá identificar necesidades territoriales, optimizar inversiones en infraestructura y reducir conflictos derivados de la competencia por recursos estratégicos.
La segunda prioridad señalada por la representante de NRGI es acelerar la descarbonización de la minería, un aspecto que considera indispensable para la credibilidad de la transición energética.
González sostuvo que una industria extractiva orientada a suministrar los minerales necesarios para tecnologías limpias debe reducir simultáneamente su huella ambiental mediante procesos más eficientes y un menor consumo energético. “Si hablamos de una minería que alimenta la transición energética global, también debe ser una minería eficiente y comprometida con la reducción de emisiones”, afirmó.
La experta recordó que países con una fuerte actividad minera enfrentan un aumento significativo en la demanda eléctrica del sector, impulsado por proyectos de mayor escala y por iniciativas como la desalinización de agua para procesos productivos.
La tercera prioridad citada por González consiste en colocar a las comunidades en el centro de la planificación y ejecución de los proyectos mineros y energéticos. Explicó que una de las principales causas de los conflictos socioambientales en la región es que la infraestructura desarrollada para atender proyectos extractivos no siempre genera beneficios tangibles para las poblaciones cercanas.
Citó el caso de La Guajira, en Colombia, una de las principales regiones exportadoras de carbón, donde persisten bajos niveles de acceso a la electricidad en comparación con el promedio nacional. “Las comunidades deben beneficiarse del desarrollo minero. No puede repetirse el escenario de territorios que producen recursos estratégicos para la transición energética mientras mantienen déficits en servicios básicos”, expresó.
Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y promover experiencias de monitoreo comunitario en áreas como el uso y la calidad del agua, iniciativas que ya se aplican en distintos países de la región.
La directora sénior de Programas y Latinoamérica de NRGI consideró que la convergencia entre minería, energía y agua debe producirse desde las etapas iniciales de planificación para evitar conflictos y maximizar los beneficios económicos y sociales de las inversiones.
Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la XI Semana de la Energía, que se desarrolla del 6 al 9 de octubre en Santo Domingo y reúne a representantes gubernamentales, organismos multilaterales, empresas y expertos para debatir sobre seguridad energética, transición energética e inversión en América Latina y el Caribe.
