La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió de “señales que requieren atención” sobre restricciones al ejercicio del periodismo en República Dominicana, un país donde, en términos generales, se mantiene “un ambiente favorable para el ejercicio de las libertades de prensa y de expresión”.
En sus informes por país de la 82ª Asamblea General de la SIP que concluye este domingo en Bogotá, el organismo indicó que esas señales tienen que ver con “el acceso de los periodistas a las fuentes públicas, la relación con agentes estatales, el marco jurídico de la libertad de expresión y el creciente deterioro del ecosistema informativo digital”.
El documento recopiló “varios episodios de agresión o restricciones durante coberturas periodísticas”, como el de Junior Marte, corresponsal de RNN en Santiago, que el 15 de mayo fue empujado por un agente penitenciario, mientras que a finales de julio, Gregorio del Rosario, periodista y abogado de Puerto Plata, fue agredido y despojado de su teléfono, al parecer por particulares, mientras grababa incidentes en el Palacio de Justicia regional.
“También genera atención la reducción de los espacios de contacto directo entre el presidente Luis Abinader y los medios” tras la eliminación de La Semanal, un mecanismo regular de interacción del jefe del Estado con los periodistas, lo que causó “inquietud respecto del acceso a las fuentes oficiales y a la información pública”.
La SIP también expresó su preocupación por “disposiciones del Código Penal relacionadas con la expresión pública (…) por sus posibles efectos restrictivos sobre la investigación periodística, la denuncia de asuntos de interés público y la crítica a funcionarios y otras personas con responsabilidades”.
“A estos desafíos se suma el deterioro del ecosistema informativo digital. La desinformación, el contenido sensacionalista y las publicaciones deliberadamente lesivas han ganado presencia en la conversación pública y, en determinados espacios digitales, compiten por atención y alcance con contenidos producidos bajo estándares profesionales de verificación”, agregó el documento.
En ese sentido, apuntó que aunque la expansión de plataformas, canales y cuentas digitales ha ampliado el pluralismo informativo, “también ha facilitado el uso de una apariencia periodística para difamar, intimidar, presionar o incluso chantajear a ciudadanos, empresarios, funcionarios y otras personas”.
De otro lado, la SIP destacó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la permanencia de información periodística en plataformas digitales al rechazar en septiembre pasado “un recurso que buscaba la eliminación de publicaciones de Diario Libre y Google LLC realizadas en 2019 sobre una persona investigada en el contexto de la red de narcotráfico atribuida a César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador”.
“El Tribunal consideró que la información provenía de fuentes oficiales, era de interés público y no se había demostrado que fuera falsa. También valoró que las publicaciones daban cuenta de una investigación y no presentaban al reclamante como culpable”, al tiempo que destacó la sentencia como “particularmente relevante para el equilibrio entre libertad de prensa, protección de datos y derecho al olvido”.
