La Asamblea General de la ONU inicia este martes una sesión sobre el proyecto de resolución contra el embargo de Estados Unidos a Cuba en medio de las tensiones entre La Havana y Washington, agravadas desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.
Un año más, los 193 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU están llamados a debatir este martes y miércoles y a votar el proyecto de resolución no vinculante que Cuba presenta desde 1992 para reclamar a Washington el fin del embargo a la isla.
La resolución, bautizada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” suele ser aprobada cada año prácticamente por unanimidad a excepción de Washington y sus aliados.
El año pasado, el texto contó con el voto a favor de 165 Estados miembros, 12 abstenciones y el voto en contra de 7 países: EE.UU., Israel, Argentina, Paraguay, Ucrania, Macedonia del Norte y Hungría. El texto ha llegado a recibir hasta 189 votos a favor.
Estados Unidos e Israel han votado en contra en casi todas las ocasiones. La única excepción ocurrió en 2016, en coincidencia con el acercamiento impulsado por el entonces presidente estadounidense Barack Obama, cuando ambos países se abstuvieron por primera vez tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Aunque se espera que la resolución vuelva a ser aprobada por trigesimocuarta vez, será clave observar qué países cambian de bando, especialmente entre los de América Latina y el Caribe, donde recientemente han tomado posesión mandatarios alineados con Trump.
En los últimos días, La Havana ha denunciado una campaña de presión por parte de la Administración de Donald Trump para que otros países retiren su apoyo a la resolución.
Argentina, que había votado tradicionalmente en contra de las sanciones, mantuvo por inercia esa posición en el primer año de Milei en la Casa Rosada, y el presidente cesó acto seguido a la entonces canciller, Diana Mondino.
La votación de este año coincide con el aumento de tensiones entre Washington y La Havana después de que Trump firmara dos órdenes ejecutivas que establecen sanciones contra quienes vendan petróleo o establezcan relaciones comerciales con la isla.
Precisamente, la propuesta de resolución reclama que los Estados “se abstengan de promulgar y aplicar leyes y medidas como las que sustentan el embargo estadounidense contra la isla”.
Además, señala la medidas adoptadas por EE.UU. entre 2015 y 2016, al final de la Administración de Obama, para flexibilizar algunos puntos del embargo y rechaza las aplicadas desde 2017, cuando Trump llegó a la Casa Blanca por primera vez.
El embargo de EE.UU. entró en vigor formalmente el 3 de febrero de 1962, cuando el entonces presidente John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva 3447 que decretaba el embargo del comercio con Cuba.
La Havana defenderá que las sanciones de Estados Unidos supusieron un impacto económico de 8.056 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026, una cifra récord según los datos oficiales, que sitúan en más de US$178,700 millones las pérdidas acumuladas en la isla a lo largo de seis décadas. Además, la situación energética en la isla se ha agravado tras el bloqueo impuesto y la escasez de combustible.
