En la comedia de vanidades que a menudo define a nuestra sociedad, el poder y el dinero suelen exigir que el ciudadano común doble las rodillas ante las conveniencias del momento. Vivimos persiguiendo lo efímero, olvidando con asombrosa facilidad que el tiempo es un testigo implacable que pasa a la velocidad de un suspiro y se marcha al pasado sin posibilidad de retorno.
Por eso, o por lo que sea, lo único cierto es el instante que vivimos. El tiempo llega del futuro y ser marcha al pasado en un abrir y cerrar de ojos. En ese trágico y cómico afán de acumular influencias y capitales coyunturales, la estructura social suele extraviar su brújula, postergando lo único que trasciende y otorga sentido a la existencia: la dignidad del ser humano.
Y si hay una condición indispensable para resguardar ese valor intrínseco del individuo frente a los atropellos del poder, es la libertad de expresión. Una sociedad muda, intimidada o condicionada por los intereses económicos de turno es una sociedad deshumanizada. Es por ello que las promesas institucionales cobran tanto peso en el debate público y deben ser examinadas bajo la lupa de la coherencia.
El presidente Luis Abinader ha reiterado en múltiples ocasiones que el suyo es un gobierno profundamente comprometido con la libertad de expresión y de prensa. Su hito más emblemático en esta materia se remonta al 23 de octubre de 2020, cuando en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, firmó la Declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Aquel acto solemne, acompañado de la firma de la Declaración de Salta, buscaba blindar el derecho inalienable de los ciudadanos a disentir, investigar y difundir ideas sin temor a censuras o represalias, tanto en los medios tradicionales como en la era digital.
El discurso oficial ha sido consistente al señalar que “un gobierno que teme a la prensa teme a la verdad”. No obstante, el gran reto de cualquier administración radica en mantener vivas esas declaraciones de principios frente a las tensiones cotidianas de la gobernanza.
En la actualidad, debates recientes en torno a ciertas modificaciones del Código Penal y las observaciones de la misma SIP sobre el acceso a la información pública nos recuerdan que la libertad de prensa nunca es una conquista estática. El propio jefe de Estado ha tenido que salir al frente para asegurar que las reformas no buscan imponer una “ley mordaza”, sino equilibrar de forma consensuada el honor personal con el derecho a la crítica, la cual, según sus propias palabras, ayuda a mejorar la gestión pública.
La hipocresía de una sociedad arrodillada a lo transitorio se combate con la verdad, y la verdad solo florece allí donde la palabra es libre. Los decretos pasan y las figuras políticas cambian con el tic tac del reloj, pero el legado de un entorno donde el ser humano pueda expresarse sin cadenas es lo único que permanece.
Proteger la prensa libre no es un favor al periodismo; es la única garantía de que, cuando el decorado de la coyuntura se desvanezca, el ser humano siga estando en el centro de nuestra historia.
