Según estimaciones del Banco Mundial, entre 2.7 y 3.1 millones de adultos haitianos no poseen una Tarjeta Nacional de Identificación válida. Detrás de esta brecha administrativa se esconden dificultades para acceder a servicios financieros, empleo formal y protección social, problemas que un nuevo diagnóstico pretende abordar.
Aproximadamente uno de cada tres adultos en Haití aún no posee un documento de identidad válido. Esta estimación, presentada por el Banco Mundial en un comunicado del 27 de octubre de 2026, en el que anunciaba su “Diagnóstico de Identificación del Ecosistema: Haití”, pone de relieve un obstáculo para la participación económica de millones de ciudadanos: la imposibilidad de verificar su identidad para acceder a los servicios.
El problema va más allá de simplemente tener un documento. Según el Banco Mundial, las deficiencias en la identificación complican la apertura de una cuenta bancaria o el acceso a dinero móvil, el acceso al empleo formal y la obtención de beneficios de programas de asistencia social. El reporte, publicado en Le Nouvelliste, señala que un documento válido no garantiza crédito ni empleo. Sin embargo, su ausencia puede añadir una barrera administrativa a las dificultades económicas que ya enfrentan los hogares.
El problema también afecta a las instituciones responsables de prestar servicios. Los sistemas de identificación insuficientes dificultan la verificación de la identidad de los beneficiarios y, según el diagnóstico presentado, reducen la eficacia de los programas de protección social.
“La debilidad de los sistemas de identificación también reduce la eficacia de los programas de protección social”, subraya Alexandre Amard, especialista digital del Grupo Banco Mundial y coautor del informe, citado en el comunicado.
Un servicio gratuito que deja los costos para los hogares.
Los documentos de identidad son oficialmente gratuitos. Sin embargo, según el comunicado, obtenerlos puede implicar gastos: transporte, viajes repetidos, tasas informales y pérdida de ingresos durante el proceso.
Para los hogares con recursos limitados, el costo de un trámite no se limita solo al precio del documento. La distancia al centro de atención, las demoras y la necesidad de regresar pueden dificultar el acceso a un trámite gratuito.
El Banco Mundial aboga por acercar los servicios a las comunidades rurales y a las zonas afectadas por la inseguridad. También recomienda reducir los tiempos de espera, garantizar la disponibilidad de materiales y mejorar la rendición de cuentas de los servicios ante los usuarios.
Las poblaciones a las que se debe dar prioridad incluyen al 40% de los hogares más pobres, los residentes de zonas remotas, las personas desplazadas internamente y las que han sido desalojadas. El diagnóstico también destaca los obstáculos culturales que algunas mujeres enfrentan al registrar un nacimiento y recomienda brindar apoyo a las madres solteras.
Estas dificultades demuestran que ampliar la cobertura requiere más que una campaña nacional: las modalidades de acceso deben tener en cuenta las limitaciones específicas a las que se enfrentan las poblaciones afectadas.
Progreso real, indicadores para distinguirlo
El Banco Mundial destaca varios avances. Se han expedido tarjetas de identificación nacional únicas a cerca del 67% de los adultos. Entre los niños menores de cinco años, el 85% ha sido inscrito al nacer y el 77% posee un certificado de nacimiento. Estos indicadores describen dos situaciones distintas: la inscripción de un hecho en el registro civil y la posesión del documento que lo acredita.
Del mismo modo, la ausencia de una tarjeta válida en un adulto no significa necesariamente que nunca haya sido inscrito en el registro civil. Confundir estas situaciones oscurecería la diversidad de procesos y dificultades que deben resolverse, especifica el comunicado.
El comunicado también cita el decreto de 2020 que establece las tarjetas biométricas con chip, así como los esfuerzos por descentralizar la impresión y aumentar los puntos de servicio. Para el Banco Mundial, estas medidas representan una base sobre la cual continuar las reformas.
Financiamiento y gobernanza de la reforma
El programa propuesto gira en torno a tres pilares: inclusión, diseño del sistema y gobernanza. Combina la descentralización de los servicios, campañas de registro, financiación a largo plazo y clarificación de las responsabilidades institucionales.
El objetivo también incluye facilitar el uso de la identificación por parte de proveedores públicos y privados para verificar la autenticidad de los títulos y la validez de la información. Anne-Lucie Lefebvre, gerente de Operaciones del Grupo Banco Mundial en Haití, presenta esta inversión como “una oportunidad estratégica para promover el acceso inclusivo y sostenible al empleo en Haití”.
Sin embargo, la modernización requiere normas adaptadas. El diagnóstico recomienda clarificar el marco legal y adoptar leyes sobre protección de datos y ciberseguridad. La capacidad de verificar identidades debe, por lo tanto, ir acompañada de garantías respecto al uso de la información personal.
El comunicado anuncia un diagnóstico y recomendaciones, sin un nuevo presupuesto ni un cronograma de ejecución detallado. La implementación de esta hoja de ruta en servicios accesibles dependerá de una estrategia nacional cuantificada, recursos predecibles y responsabilidades claramente definidas. Seguirá siendo fundamental medir cuántas personas obtienen realmente un título válido, a qué costo y en qué plazo.
