La disolución por insolvencia financiera del Ueno bank puso contra las cuerdas al presidente de Paraguay, Santiago Peña, sobre cuya cabeza sobrevuela una iniciativa promovida por la oposición para someterlo a un juicio político en el Congreso por su presunta responsabilidad en la crisis financiera.
El martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) inició un procedimiento de resolución o cierre de Ueno, lo que dejó sin acceso a sus fondos a los más de 2.94 millones de clientes de la institución.
Las quejas de los afectados han sido el detonante de protestas en el centro de Asunción, la capital paraguaya, donde por segunda noche consecutiva se han concentrado centenares de personas, en medio de algunas escaramuzas con la Policía.
Juicio político
Como respuesta a la crisis, un grupo de diputados de oposición y disidentes del oficialismo presentó hoy una acusación para solicitar un proceso de juicio político contra Peña, que en agosto pasado cumplió los primeros tres de los cinco años de su mandato presidencial establecidos por la Constitución.
Los diputados opositores Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo consignaron en la Cámara Baja los libelos acusatorios que activarían el procedimiento previsto en el artículo 225 de la Constitución de Paraguay y solicitaron convocar, para este jueves, a una sesión extraordinaria para discutir los documentos.
Peña ha quedado envuelto en una polémica después de que el BCP ordenó la intervención de Ueno tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido.
La crisis impidió que el mandatario acudiera a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se inició hoy en Madrid.
El libelo acusatorio cuenta con el respaldo de 35 firmas, recogidas esta jornada en el Congreso, entre ellas las de los diputados de una facción disidente del Partido Colorado.
Pagos
Esta jornada, Peña promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Legislativo para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a los clientes de la intervenida institución.
La ley “permitirá a los ahorristas cobrar en el menor tiempo posible una parte de los fondos de garantía a fin de que los recursos vuelvan a las manos de quienes corresponde”, publicó Peña en X.
Cada depositante podrá recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales, un monto que equivale a 121.7 millones de guaraníes (unos US$19,787), en un plazo de 24 horas, y que no podrá exceder los cinco días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la normativa.
Pero la medida no aplacó los ánimos de los ahorristas y de cientos de ciudadanos que se manifestaron por segunda noche consecutiva en las adyacencias del Panteón Nacional de los Héroes, el lugar donde los paraguayos suelen celebrar las victorias de su selección de fútbol.
En la protesta, los ciudadanos también se manifestaron en contra de las otras crisis que enfrenta el país, como la pésima prestación de los servicios de transporte y sanitarios, por las que responsabilizaron al mandatario paraguayo.
“No hay medicamentos, la impunidad sigue en todas partes”, dijo a los gritos el manifestante Hamoudy Salem, un artista conocido como ‘Mr. H’ en los circuitos de rap estilo libre de Latinoamérica.
La Constitución paraguaya establece que el juicio político contra el presidente requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados, para que la acusación pase luego al Senado, que actúa como juez.
En la Cámara Alta se necesita una mayoría absoluta de dos tercios para declarar culpable al acusado, lo que abriría la puerta a su separación anticipada del cargo.
Peña ha sido vinculado con Ueno bank, pero el presidente de esa entidad, Juan Manuel Gustale -actualmente detenido-, ha dicho que no tenía nexo alguno con esa institución, aunque sí acciones en Ueno Holding, que el mandatario vendió en abril de 2025, según medios locales.
