Santiago Peña, economista de formación y respaldado por el poderoso Partido Colorado, llegó a la Presidencia de Paraguay como una figura de renovación, pero renuncia al cargo arrastrado por la crisis tras el cierre del Ueno bank, que compromete millones de dólares del sistema de pensiones del país.
Peña, de 47 años, presentó su renuncia este jueves, después de perder el respaldo de su propia formación política y ante la amenaza de un juicio político en el Congreso, impulsado tras la intervención de Ueno bank por problemas de solvencia.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la república, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, declaró en un video difundido en la red social X.
Su salida pone fin anticipado a un mandato que debía concluir en 2028 y supone un revés para el Partido Colorado, que gobierna Paraguay desde 1947, con la única interrupción de 2008 a 2013.
Después de su paso durante su juventud por las filas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Peña se incorporó en 2016 al oficialismo, respaldado por el entonces presidente Horacio Cartes (2013-2018), considerado su mentor político y quien este jueves retiró públicamente su apoyo al ahora exmandatario y respaldó el proceso de juicio político.
Entonces ministro de Hacienda de Cartes, Peña tuvo su primer fogueo electoral cuando inscribió, en 2017, su precandidatura presidencial para las internas de ese año.
Se postuló por el movimiento Honor Colorado, la facción que Cartes encabeza dentro del oficialismo, pero perdió frente a Mario Abdo Benítez.
En diciembre de 2022, con apenas seis años de militancia colorada, consiguió la candidatura presidencial del partido gobernante y el 30 de abril de 2023 ganó las elecciones generales con el 42.74% de los votos, en fórmula con Pedro Alliana, quien asumió la Vicepresidencia.
La juventud como marca
La juventud fue una de las características con las que Peña construyó su imagen política. Nacido el 16 de noviembre de 1978 en Asunción, fue padre a los 17 años y se casó a los 19 con Leticia Ocampos, con quien tiene dos hijos.
Estudió Economía en la Universidad Católica de Asunción y comenzó su carrera profesional en el Banco Central de Paraguay (BCP), donde ingresó en el año 2000. Posteriormente cursó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia (EE.UU.) y en 2009 se incorporó al departamento de África del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde trabajó durante tres años.
A su regreso a Paraguay se reincorporó al BCP, institución de la que salió después de que Cartes lo designara ministro de Hacienda en enero de 2015, cuando tenía 36 años.
Los vínculos empresariales de Peña con el entorno financiero paraguayo adquirieron especial relevancia durante la crisis de Ueno bank.
El mandatario fue accionista de Ueno Holding, un conglomerado propiedad del Grupo Vázquez, que abarca a empresas como Ueno bank. Esta participación, que vendió en marzo de 2025, se convirtió en uno de los principales argumentos de los legisladores que promovieron un acusación para un juicio político que no prosperó ante la dimisión de Peña.
En política exterior, Peña estrechó sus vínculos con el presidente estadounidense, Donald Trump, y alineó a Paraguay con algunas de las principales iniciativas de su Gobierno para la región.
En marzo de 2026 participó en la cumbre del Escudo de las Américas, convocada por Trump en Miami, y suscribió la creación de la Coalición Anticárteles de las Américas, con lo que Paraguay se incorporó a esta alianza regional de seguridad.
Peña también recibió críticas por la frecuencia de sus viajes oficiales, que la prensa paraguaya bautizó como “Santi Tour”. Durante su mandato realizó más de 70 desplazamientos al exterior, con los que defendía su objetivo de convertir al país en el más desarrollado de Latinoamérica.
El Banco Central de Paraguay ordenó el martes la resolución de Ueno bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del mínimo exigido. La entidad, con cerca de tres millones de clientes, administraba unos US$850 millones en fondos públicos, incluidos recursos previsionales y sanitarios y depósitos de empresas estatales.
