Latinoamérica tiene que aumentar la eficiencia en el gasto en infraestructura, ya que representa apenas el 2.8% anual de su PIB, pero ante el escaso espacio fiscal la clave es apoyarse en el sector privado para cerrar la brecha existente, indicó este viernes el Banco Mundial (BM).
El reporte “Repensar la infraestructura en América Latina y el Caribe – Mejorar el gasto para lograr más” subraya que aunque es cierto que la región está retrasada respecto a otras en cuanto a inversión en infraestructura, debería centrarse más en mejorar el gasto en lugar de incrementarlo.
América Latina y el Caribe dedica como promedio el 2.8% de su producto interior bruto (PIB), comparado con el 7.7% en Asia oriental y el Pacífico, el 5% del Sudeste Asiático y el 6.9% de Oriente Medio y el Norte de África.
El informe destacó que la inversión latinoamericana es muy variada, con países como Bolivia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá o Perú, con un gasto superior al 4% anual.
Países grandes, como Argentina o México reducen la media, ya que apenas dedican el 2.1% y 1.6%, respectivamente, a proyectos infraestructura.
La cifra no es suficiente para avanzar la integración social y, sobre todo, “no corresponde a las aspiraciones de la creciente clase media latinoamericana”, que ha aumentado notablemente en la última década.
“La inversión en infraestructura puede servir como un poderoso motor de crecimiento en América Latina y el Caribe ahora que la región emerge de seis años de desaceleración, incluidos dos de recesión”, sostuvo Jorge Familiar, vicepresidente del BM para América Latina y el Caribe.
Pero Familiar matizó que “en el contexto actual de espacio fiscal reducido, es esencial que las inversiones sean tan eficientes como sea posible y que el potencial del sector privado sea completamente aprovechado”.
De hecho, apuntó a profundizar en las alianzas público privadas, para combinar los recursos de ambos sectores y favorecer la optimización de las inversiones.
En concreto, el BM citó el caso del sector energético, donde las pérdidas por transmisión y distribución son elevadas y calculó las necesidades de inversión en 23,000 millones de dólares año.
Los costos, apuntó la institución, “se reducirían al menos a la mitad siguiendo un enfoque que favorezca la eficiencia, la resistencia ante el clima y las energías renovables”.
Indicó que otro factor para mejorar la eficiencia es una fijación de precios adecuada para los servicios de infraestructura, que “vaya más allá de la simples recuperación de costos y tener en cuenta temas como la aceptación social, calidad, equidad y atractivo para el financiamiento comercial”.
