El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció este miércoles que solicitará la activación de un proceso de quiebra tutelado por la Justicia para afrontar una deuda que ronda los 70,000 millones de dólares.
Rosselló dijo que pedirá a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), establecida para atender la grave crisis financiera de la isla, acogerse al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), tras agotarse sin éxito la negociación entre el Gobierno puertorriqueño y sus deudores.
El título III, un híbrido entre los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras de EE.UU., paraliza todas las demandas judiciales y, tras la presentación de reclamaciones de acreedores y objeciones del deudor – en este caso el Gobierno-, deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.
De esta forma, Puerto Rico pasa a ser la primera jurisdicción estatal en la historia de Estados Unidos en pedir un rescate vía judicial.
En conferencia de prensa, el gobernador, quien notificó a la JSF este martes, indicó que la petición venía “con el propósito de asegurar los servicios esenciales a la ciudadanía, el pago de la nómina pública y los suplidores”.
Explicó que, tras “amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del Gobierno de Puerto Rico a los acreedores, no ha habido progreso suficiente en las negociaciones por lo que el Título III de la Ley Promesa permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico”.
La moratoria que impedía que los acreedores reclamaran en los tribunales el pago de la millonaria deuda de Puerto Rico dejó de tener efecto este martes.
“Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores”, sostuvo el gobernador.
“El mejor ejemplo de que se puede dialogar es el Acuerdo de Reestructuración establecido recientemente con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica . No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño”, agregó.
“Estamos aquí para atender los problemas de Puerto Rico, no para mirar el pasado y estoy convencido que nuestra isla podrá retomar el camino del desarrollo económico con los pasos acertados del Gobierno y el empeño de cada uno de sus residentes”, agregó el mandatario.
El gobernador destacó que de manera responsable su Administración busca cumplir los acreedores con un pago a la deuda de cerca de 800 millones de dólares anuales y así está contemplado en el Plan Fiscal certificado por la JSF el pasado 13 de marzo.
Esto representa un recorte de 80 % en el pago del servicio de la deuda originalmente pactado con los acreedores por pasadas Administraciones.
El gobernador afirmó que hay otras entidades bajo la supervisión de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) que pueden estar buscando un acuerdo de reestructuración consensual bajo el Título VI de la Ley Promesa.
“Mientras el Gobierno de Puerto Rico se mantiene con la intención de dialogar y negociar de buena fe con los acreedores, la reciente expiración de la moratoria impuesta por Promesa contra la aplicación de la responsabilidades de los reclamos de los acreedores dicta que el mejor curso de acción para el Gobierno es entrar en el Título III con el propósito de ajustar sus deudas a un nivel sostenible consistente con el plan fiscal”, reiteró el mandatario.
“Es mi deseo que los procesos del Título III del Gobierno aceleren el proceso de negociación llevando el mayor consenso posible con los acreedores y alcanzando, donde sea necesario, una resolución judicial rápida y eficiente de cualquier asunto o disputa”, concluyó Rosselló.
El gobernador repitió que con esta medida se garantiza la continuidad del pago a los empleados y proveedores del Gobierno.
La JSF ha anunciado que “pronto” se conocerá si hoy mismo recurrirán al tribunal para utilizar el mecanismo de la bancarrota, el gobernador.
El martes, la JSF certificó los planes fiscales, que implican recortes millonarios, de corporaciones públicas como la autoridad de agua, la eléctrica, la de carreteras y del Banco Gubernamental de Fomento, entre otras.
Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar una gigantesca deuda y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez solicitó la colaboración de Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado.
De ahí surgió la ley Promesa, aprobada por el Congreso estadounidense ante la imposibilidad de que la isla pudiera afrontar los vencimientos inmediatos de deuda.
