El Gobierno brasileño espera recibir un mínimo de 11,055 millones de reales (unos 3,566 millones de dólares) por los derechos para operar cuadro hidroeléctricas que ofrecerá en concesión en una subasta prevista para septiembre próximo, según un decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial.
El valor mínimo esperado por las concesiones ya en operación fue definido por el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE), que también determinó que las empresas que se adjudiquen los derechos tendrán que venderle un 70% de la energía producida a las distribuidoras, por lo que podrán buscar clientes propios para el restante 30% de la electricidad.
Las hidroeléctricas que serán ofrecidas en concesión tienen juntas una capacidad instalada sumada para producir 2.9 gigavatios de energía y actualmente son operadas por la Compañía Energética de Minas Gerais (Cemig).
La concesiones de las que disfrutaba la Cemig vencen este año por lo que el Gobierno decidió subastarlas al mejor postor tras lo frustrados intentos judiciales de la actual operadora para mantener las licencias.
Se trata de las hidroeléctricas de Sao Simao, en el límite entre los estados de Goiás y Minas Gerais; Jaguará, entre Minas Gerais y Sao Paulo; y Miranda y Volta Grande, estas dos últimas en jurisdicción de Minas Gerais.
El CNPE, organismo vinculado al Ministerio de Minas y Energía, estableció que la concesión para operar la hidroeléctrica de Sao Simao será subasta por un valor mínimo de 6,740 millones de reales (2.174 millones de dólares).
Por la licencia para operar Jaguará se exigirá un mínimo de 1,900 millones de reales (unos 612.9 millones de dólares), por la de Volta Grande 1,290 millones de reales (416,1 millones de dólares), y por la de Miranda 1,100 millones de reales (354.8 millones de dólares).
De acuerdo con las reglas establecidas por el CNPE, los nuevos operadores serán las empresas que ofrezcan el mayor valor en la subasta, por encima de los mínimos establecidos por el Gobierno, que tendrán que pagar el valor integral por las licencias en el acto de la firma de los contratos.
Desde que asumió el Gobierno hace un año para sustituir a la destituida Dilma Rousseff, el actual presidente de Brasil, Michel Temer, anunció un nuevo impulso a las concesiones y privatizaciones de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuerto, generadoras eléctricas y áreas petroleras.
En marzo pasado, en la primera prueba del nuevo modelo de concesiones, la francesa Vinci, la alemana Fraport y la suiza Zúrich se adjudicaron las concesiones para operar los aeropuertos de Porto Alegre, Salvador, Fortaleza y Florianópolis por un total de 3,720 millones de reales (unos 1.200 millones de dólares), valor en un 23.42% superior al mínimo exigido por el Gobierno.
Igualmente en marzo el Gobierno anunció una lista de 55 nuevos proyectos de concesión que ofrecerá a la iniciativa privada para operar puertos (4), líneas de transmisión eléctrica (35), compañías de saneamiento (15) y carreteras (1), y con los que aspira a atraer inversiones por 45,000 millones de reales (unos 14,516 millones de dólares) y generar 200,000 nuevos empleos.
En septiembre pasado el Gobierno ya había divulgado una lista de 34 proyectos de concesión.
Temer alega que, mediante la asociación con empresas privadas nacionales y extranjeras para invertir en obras de infraestructura, el Gobierno espera impulsar la economía de Brasil y ayudarla a salir de su mayor recesión en varias décadas.
La economía brasileña se retrajo un 3.6% en 2016, tras haber retrocedido un 3.8% en 2015, con lo que el país encadenó dos años de crecimiento negativo por primera vez desde la década de 1930.
