La globalización es fuente de crecimiento económico, pero su funcionamiento ha agravado de forma significativa la fractura social en la última generación y eso, según la OCDE, además de injusto, constituye una amenaza para la legitimidad y es corrosivo para las perspectivas económicas.
Este es el contenido de un informe sobre el “crecimiento incluyente” publicado este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y también el principal mensaje lanzado por su secretario general, Ángel Gurría, en la apertura del foro que como cada año se celebra esta semana en París.
Las desigualdades -según los autores del estudio- no son meras “externalidades negativas” sino que son “características centrales del funcionamiento de nuestros sistemas económicos”.
La ilustración viene de que actualmente el 10% más privilegiado de sus países miembros recibe más de 10 veces más ingresos que el 10% menos favorecido en los países de la OCDE, cuando a mediados de los años 1980 la relación era de uno a siete.
Durante esas tres décadas, sobre todo, ha salido beneficiado el 1% más rico, que ha acaparado una buena parte de la subida de los ingresos, antes de impuestos: un 47% en Estados Unidos, un 37% en Canadá y un 20.% en el Reino Unido.
La brecha se ha agrandado igualmente en términos de riqueza, y así el 10% que está en la cúspide de la OCDE acumula en torno a la mitad del patrimonio, mientras que en el otro extremo un 40% de la población tiene únicamente el 3%. El 1% más rico concentra un 19% del total.
La organización señaló que las innovaciones de la digitalización tienen el potencial de favorecer a todo el mundo, pero si no se gestiona adecuadamente puede exacerbar las desigualdades por la vía de mayor inseguridad laboral o desajustes en los ingresos.
Lo que -avisó- cimenta la idea de que unos pocos se lo llevan todo y mina el nivel de confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales: estaba en el 42 % en 2016, niveles mínimos desde el estallido de la crisis.
Gurría, que inauguró el foro de la OCDE en compañía de la princesa María de Dinamarca -es el país que este año preside la ministerial- hizo hincapié en el repunte de las presiones nacionalistas y proteccionistas en un momento delicado en que “la recuperación económica es frágil”.
Por eso, la idea de que la prioridad es el crecimiento económico y la distribución vendrá después debe ser “matizada”, y “hay que incrementar el gasto social, mejorar la protección social teniendo en cuenta que la digitalización trastoca el mundo del trabajo”.
El conocido como Club de los países desarrollados subrayó que los gobiernos no deben limitarse a levantar las barreras a la igualdad de oportunidades, sino ocuparse de una “provisión de bienestar”.
Eso significa en primer lugar diseñar un sistema fiscal que reduzca las desigualdades y promueva el crecimiento incluyente, para lo cual un pilar clave son los impuestos progresivos, por ejemplo sobre los bienes inmobiliarios.
En esa misma línea, abogó por reforzar los impuestos a la sucesión, pues la riqueza heredada es “un factor significativo en el incremento de la desigualdad intergeneracional”, y los impuestos que gravan esos bienes se han reducido: del 0,25 % del producto interior bruto (PIB) en 1965, al 0,15 % en 2014.
Las otras prioridades para combatir la fractura social son centrarse en la formación de los niños desde edad temprana y fortalecer el dinamismo de las nuevas empresas y de las pymes para que no estén en desventaja con las grandes que se benefician de una ventaja competitiva.
