[dropcap]E[/dropcap]l Gobierno argentino despidió a Pedro Biscay, uno de los directores del Banco Central, designado por el kirchnerismo en 2014, al considerar que incurrió en “mala conducta” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras realizar afirmaciones críticas con las políticas de la entidad.
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente del país, Mauricio Macri, el jefe del Gabinete de ministros, Marcos Peña, y el titular de la cartera de Hacienda, Nicolás Dujovne, se consideró que las “actitudes” de Biscay no coinciden con las “obligaciones” de su cargo, que finalizaba en 2019.
En las últimas semanas, Biscay se había mostrado muy crítico con la gestión de Federico Sturzenegger, actual presidente del organismo, a través de varias columnas de opinión en las que denunció los riesgos que conlleva el elevado endeudamiento del país a raíz de las políticas del Banco Central y sus efectos negativos sobre los precios, el consumo y el empleo.
“Afectan el marco de legalidad del Banco Central y los objetivos constitucionales del mismo”, lo que supone “un caso de mala conducta y violación de los deberes de prudencia y responsabilidad requeridos por la función que desempeña”, apunta el texto.
Para el Gobierno, las declaraciones del ahora exfuncionario “no se adecúan en lo más mínimo a las políticas de comunicación de cualquier Banco Central mínimamente responsable” ni al “deber de generar previsibilidad y confianza” en las medidas de la entidad, sino que “van en sentido inverso” a ellas, “impactando por lo tanto negativamente” en los efectos que buscan generar.
En ese sentido, el Ejecutivo consideró que con sus dichos, Biscay puso “en riesgo” los objetivos del banco, sobre todo los relacionados con la “estabilidad financiera” en un país que ha atravesado “múltiples crisis cambiarias y bancarias”.
Tras conocerse su despido, el hasta ahora director de la entidad señaló que se trata de “un ataque claro a la libertad de pensamiento y de opinión” e insistió en que no hay “ningún motivo legal ni constitucional para prohibirle a un director hablar públicamente sobre cuestiones técnicas de la política económica”.
“Quedó de forma muy contundente y clara que el Gobierno nacional y el presidente del Banco Central no guardan ningún criterio de independencia y no están cómodos con que existan voces críticas que reflejen la pluralidad de voces”, denunció en declaraciones al canal C5N.
Mientras, Peña también se manifestó al respecto e hizo hincapié en que siguieron “todos los procesos absolutamente institucionales” para hacer efectiva esta decisión.
“No hay ningún tipo de cuestión rara, con lo cual no hay ninguna razón para la victimización que tanto les gusta”, sentenció en una entrevista con Radio Mitre.
