[dropcap]L[/dropcap]as concesiones públicas son derechos otorgados a entidades privadas para hacer uso económico de bienes del dominio público. Por ejemplo, una concesión para generar electricidad, para actividades mineras o construir una carretera coloca un bien o servicio de dominio público o de interés nacional (electricidad, minería o el transporte) bajo la sombrilla de un grupo privado.
El interés del Estado de otorgar concesiones a grupos de inversionistas privados radica en el hecho de que la inversión económica que se requiere para explotar el bien o servicio sería realizada por el grupo privado, sin que el Estado tenga que erogar dichos fondos.
Más bien, en la mayoría de los casos, el grupo privado, además de realizar la inversión en la infraestructura requerida, realiza pagos al Estado a cambio de recibir este derecho. Además, el grupo privado puede tener experiencia y experticia en el área específica de inversión que se requiere.
En tal virtud, resulta ya incuestionable que las concesiones públicas –siempre y cuando la adjudicación de las mismas se realice con apego a la ley y de manera transparente– redundan en beneficios para el Estado, para el público en general, y para los inversionistas. Es una de las mejores formas de mejorar la infraestructura y condición económica general de un país sin recurrir al endeudamiento público y al posible uso ineficiente de los recursos que generalmente se observan en los proyectos administrados por el Estado.
Sin embargo, a pesar de las virtudes del uso de las concesiones públicas, algunas de las políticas públicas adoptadas por el gobierno de turno son contraproducentes para incentivar este tipo de inversión. El ejemplo más claro de esto es la aparente hostilidad a facilitar el financiamiento de los proyectos.
Esta situación se presenta cuando los inversionistas se ven obligados a recurrir a instituciones financieras –dominicanas y extranjeras– para obtener empréstitos (de índole privado, no endeudamiento público) para financiar la construcción de la obra de que se trata. La política que ha sido adoptada por muchas instituciones del Estado es de no permitir dar en garantía la concesión otorgada al inversionista, lo que prácticamente hace imposible obtener el financiamiento requerido.
En fin, sin una política pública clara que permita que los inversionistas puedan financiar estos proyectos de la misma manera que son financiados alrededor del mundo y consistente con la práctica de mercado, República Dominicana será vista como un mercado que desfavorece la inversión extranjera y el uso de las concesiones para avanzar en nuestros intereses nacionales.
