El Gobierno español intervino este viernes las cuentas del Ejecutivo catalán y asumió el pago de los servicios esenciales en la región, con el objetivo de garantizar que no se desvíen fondos al referéndum independentista, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Según el acuerdo adoptado por el Gobierno español, el Estado asumirá los pagos “esenciales” del Gobierno catalán para asegurar el funcionamiento de los servicios básicos (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) y la retribución de los funcionarios.
Además el Gobierno central ha dado 48 horas al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que garantice que desde ninguna partida del resto del presupuesto se desvían fondos para la celebración del referéndum, según explicó en rueda de prensa el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
“No estamos sustituyendo competencias sino garantizando que los pagos no van a ninguna actividad ilegal”, remarcó Montoro, quien se mostró convencido de que el Gobierno catalán (Generalitat) terminará cumpliendo el requerimiento del Ejecutivo central.
Esta es la respuesta del Gobierno español después de que ayer el Ejecutivo catalán anunciara que no le enviará las cuentas semanalmente, tal como éste le exigió a partir de julio, al considerarlo “un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria”.
El Ejecutivo catalán considera que hoy el Gobierno central ha aplicado las medidas más restrictivas que se contemplan en la Constitución contra los gobiernos autonómicos, pero “por la puerta de atrás”, ante lo que anuncia una “batalla jurídica” en el Estado y en la Unión Europea.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, participó hoy en un acto de su partido en Barcelona, donde defendió la intervención de las cuentas del Ejecutiva catalán y aseguró que se trata de una demostración de la “firmeza” del Estado frente al desafío independentista del Ejecutivo catalán.
“No subestimen la fuerza de la democracia española”, advirtió Rajoy en Barcelona ante miembros del gubernamental Partido Popular (PP, centroderecha), a los que les garantizó “serenidad” y “firmeza” para impedir la consulta convocada para el 1 de octubre y suspendida por el Tribunal Constitucional.
Y advirtió, dirigiéndose a las autoridades independentistas de Cataluña: “Están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar”.
Tanto el Gobierno español como los Tribunales están desplegando en los últimos días sus recursos para impedir que el 1 de octubre se celebre el citado referéndum secesionista.
Pero los independentistas, a través del Gobierno y del Parlamento regional, insisten en celebrarla, aunque incurran en un delito de desobediencia.
Por esta desobediencia, Puigdemont y otros miembros de su Ejecutivo están siendo investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a instancias de la Fiscalía, para determinar si están cometiendo delito.
Pero el presidente catalán y el portavoz de su Gobierno recusaron hoy a los tres magistrados que acordaron investigarle, entre ellos el presidente del alto tribunal catalán, Jesús María Barrientos, al entender que no son imparciales y que la querella de la Fiscalía obedece a un “conflicto de naturaleza política”.
Por otro lado, la Guardia Civil, por orden de la Fiscalía, requisó hoy más de 100.000 carteles de la Generalitat de propaganda del referéndum, según anunció Rajoy.
En este ambiente cada vez más tenso conforme se acerca la fecha del referéndum, hoy se conoció una carta que Puigdemont, y otras autoridades catalanas han enviado al rey Felipe VI y al jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, en la que reclaman negociar un referéndum y advierten de que “no dialogar es incompatible con la resolución de los problemas”.
“Nuestra disposición al diálogo ha sido, es y será permanente”, dicen los firmantes.
Y añaden: “Queremos hacer un nuevo llamamiento al diálogo al Gobierno español y, en particular, a su presidente, Mariano Rajoy (…) para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos un referéndum”.
Sin embargo, el portavoz del Ejecutivo español, Iñigo Méndez de Vigo, consideró un “sarcasmo” y una “añagaza” esta oferta de diálogo y rechazó que Puigdemont pueda ofrecer diálogo ahora, cuando lleva meses en una “desobediencia palmaria y continuada”.
