
Conversaba con algunos amigos sobre las medidas de política monetaria y fiscal que se aplican en República Dominicana con las mejores intenciones, pero que los resultados hacen pensar que se tornan contradictorias.
A continuación algunos casos que llaman a reflexionar:
El Banco Central reduce el encaje legal de 20%, en el pasado, a un promedio de 12%, en la actualidad. Eso quiere decir que es menos la cantidad de dinero que los bancos deben colocar en el Banco Central como reserva ante cualquier contingencia.
La idea de reducir el encaje legal es para que los bancos tengan más dinero disponible para prestar a los sectores económicos; pero resulta que la demanda de créditos no es tal y entonces el Banco Central se ve en la necesidad de recoger ese dinero de sobre liquidez de los bancos, pero lo hace emitiendo certificados pagando tasas de interés elevadas, lo cual representa una pérdida millonaria para el Estado y ganancias cuantiosas para los bancos comerciales sin arriesgar dinero en créditos, sólo captando depósitos y colocándolos en el Banco Central con un margen elevadísimo entre una tasa y otra.
También me parece contradictorio el hecho de que por un lado el Gobierno promueva la formalización de los empleos, pero a la vez la burocracia estatal hace que la formalización para las micro y pequeñas empresas sea una verdadera pesadilla, con elevados costos, exceso de exigencias y riesgos de irse a la quiebra antes de los primeros seis meses de operación.
[pullquote]…el Estado le pone trabas si usted desea instalar una empresa y generar empleos, contribuir a la reducción de la pobreza y aportar al desarrollo económico del país[/pullquote]Si usted toma un capital ahorrado de 10 millones de pesos y decide instalar un negocio, es posible que el “dinerito” se le vaya entre alquiler de local, compra de equipos, pago de contratos para electricidad, teléfono y otros servicios, gastos de constitución y registro mercantil de la empresa, así como pago por registro de nombre y de marcas y de logo de la empresa en Onapi. Tiene que contratar empleados (secretaria, mensajero, operarios) y si consigue un contrato para suplirle a una empresa, tendrá que pagar cada mes el 18% de ITBIS de lo que facture, aunque el cliente comience a pagarle al cabo de tres meses (el aniquilador sistema de cobro de ITBIS por lo devengado y no por lo percibido).
Si bajo todas esas circunstancias usted se arriesga a invertir sus 10 millones de pesos fruto de 20 años de ahorro y sacrificio, allá usted.
En cambio, el propio Estado, a través de bonos de Hacienda y del Banco Central, le ofrece la oportunidad de depositar esos 10 millones de pesos y recibir una jugosa tasa de interés anual de 14%, sin riesgos, sin contabilidad, sin complicaciones, y recibir su renta fija mensual desde la comodidad de su hogar.
Por un lado el Estado le pone trabas si usted desea instalar una empresa y generar empleos, contribuir a la reducción de la pobreza y aportar al desarrollo económico del país. De otro lado, el propio Estado lo premia si usted decide no invertir su dinero y dejarlo en forma de bonos en la bóveda del Banco Central.
Es por eso que no entiendo la forma en que se establecen las políticas económicas en el país. Propongo, aunque se que no me harán caso, que a las micro y pequeñas empresas que se constituyan nuevas se les exonere el pago de impuestos en los primeros cinco años y se les permita reportar el ITBIS por lo percibido y no por lo devengado. Seguro que así habría un mayor desarrollo y formalización de los empleos.
Lástima que esta sugerencia no será acogida.












