El Congreso Nacional acaba de convertir en Ley un proyecto que busca devolverle al Estado dominicano, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) la facultad de incursionar -de manera transitoria- (no entiendo esa parte) en la contratación y producción de energía para suplir el mercado nacional.
La decisión es parte de un conjunto de iniciativas legales que se vienen aprobando con el objetivo de que ningún sector interesado, como los generadores privados, cuestione la acertada decisión del Gobierno de retornar al negocio de generación eléctrica en forma ventajosa y no como hasta ahora, que ha sido solo para perder.
Se dejó fuera del Ministerio de Energía y Minas a la CDEEE, también por la vía legal, además de que se han convocado licitaciones transparentes para la contratación de la construcción de las plantas de carbón mineral. También se envió al Congreso Nacional la propuesta para el financiamiento de esas dos unidades de 360 megavatios cada una, a ser construidas por el Estado en Punta Catalina, provincia Peravia.
La facultad del Estado de construir y operar plantas de generación existe en si misma, pero lo que está haciendo el Gobierno es correcto, porque pone claro, mediante ley, su derecho a este tipo de acciones.
Recuerdo cuando el empresario Celso Marranzini fue designado en la CDEEE, en el año 2009, el presidente Leonel Fernández, tal vez influenciado por empresarios que en ese entonces estaban interesados en conseguir la contrata para construir una planta de carbón, emitió un decreto mediante el cual declaraba al sector eléctrico en “estado de emergencia”, lo que le daba facultad para contratar plantas de generación nuevas sin la necesidad de ir a concurso o licitación.
En esa ocasión, La Escuela Económica publicó una entrega titulada “Qué decreto”, en la sección Economía y Negocios del periódico Listín Diario. En esa columna, hacíamos referencia a que ese decreto era a todas luces una maniobra irregular para justificar la mala práctica del grado a grado.
Por suerte, el licenciado Marranzini no hizo uso de ese decreto y prefirió convocar a licitación para la contratación de esas plantas, aunque al final se echó para atrás y decidió dejar ese proyecto a un próximo gobierno. Lo mejor que hizo.
Pero el asunto es que ahora sí se está haciendo correctamente. Todo por la vía legal, lo cual permitirá al vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, desarrollar una labor de gestión de generación eléctrica más barata, sin correr el riesgo de caer en ilegalidades o en cuestionamientos indeseados.
Bichara es un profesional de reconocida capacidad, trabajador y honesto. Pero además, es un dirigente político, joven, que ha alcanzado posiciones importantes en su partido y que tiene mucho futuro por delante.
Como miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), hombre de mucha confianza del presidente Danilo Medina, y de un trato agradable, que le ha ganado la simpatía de adeptos y adversarios por igual, el señor Jiménez Bichara no puede darse el lujo de emprender un proceso de búsqueda de soluciones a la crisis eléctrica, sin antes acorazarse de la legalidad que le permita operar de manera transparente en este espinoso sector.
Ahora que es ley la facultad de la CDEEE para incursionar en el mercado de generación, sólo hay que fajarse a buscar el dinero para concretar la construcción de las plantas de generación que han de marcar un antes y un después en el sector eléctrico nacional. ¡Adelante!
