El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció la destitución de todo el Gobierno regional de Cataluña, la disolución del Parlamento de esa región y la convocatoria elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, como parte de las medidas aprobadas para restaurar la legalidad en esa comunidad autónoma.
“Son estas horas de ánimos exaltados en las que importa mucho la prudencia y serenidad”, afirmó Rajoy al anunciar esa batería de medidas, al tiempo que garantizó el Estado dispone de medios suficientes para recuperar la normalidad y disolver cualquier tipo de amenaza sobre la convivencia “de forma pacífica y moderada”.
Un Consejo de Ministros extraordinario aprobó esas medidas para restablecer la legalidad constitucional después de que fueran autorizadas por mayoría absoluta en el Senado español y de que el Parlamento regional catalán aprobara una la declaración unilateral de independencia.
“Los españoles estamos viviendo una jornada triste en la que la sinrazón se ha impuesto a la ley y ha derribado la democracia en Cataluña”, dijo Rajoy en su intervención, en la que reprochó a los independentistas su falta de respeto a los derechos de la mayoría.
En respuesta a ese desafío secesionista, el Ejecutivo español ordenó la destitución del presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y de todos sus consejeros, y señaló que sus funciones será asumidas por los ministerios competentes.
El Consejo de Ministros ordenó también el cese de los responsables del departamento de Interior del Gobierno regional, así como el cierre de las “embajadas” catalanas en el extranjero, excepto la de Bruselas ante la Unión Europea (UE), aunque su delegado sí ha sido destituido.
De acuerdo con la página web del Ejecutivo regional, Cataluña tiene siete delegaciones de representación en el exterior: Alemania, Francia y Suiza, Reino Unido e Irlanda, Austria, Italia, Unión Europea y Estados Unidos.
El jefe del Ejecutivo español también ordenó la clausura del patronato de Diplocat, una entidad público-privada al servicio del Gobierno regional para impulsar la proyección internacional de Cataluña, y el cese de los delegados catalanes en Madrid y Bruselas.
Además, el Consejo de Ministros ordenó también el cese del secretario general de Interior del Gobierno regional, César Puig, y al director general de la Policía autonómica catalana (Mossos d’Esquadra), Pere Soler, una medida que no afecta de momento al jefe operativo del cuerpo, Josep Lluís Trapero, en libertad con medidas cautelares mientras es investigado por un delito de sedición.
Junto a esos dos altos cargos, también fue destituido el propio consejero de Interior, Joaquin Forn.
En su comparecencia para anunciar estas medidas, el presidente del Gobierno español defendió la “prudencia y la serenidad” para aplicarlas de forma “pacífica”.
Rajoy puntualizó que éstas son las primeras medidas y los pasos “necesarios e imprescindibles” para restituir un autogobierno que ha sido “liquidado por una cadena de decisiones arbitrarias y excluyentes” adoptadas por los responsables del Ejecutivo regional de Cataluña.
“No se trata de suspender el autogobierno ni de intervenirlo ni de recortarlo, se trata de devolverlo a la normalidad lo antes posible”, afirmó Rajoy.
El titular del Ejecutivo español constató que la situación es “desgarradora, triste y angustiosa”, un sentimiento que considera que comparten todos los españoles e incluso “muchos independentistas demócratas” que rechazan el “destrozo” que causa este proceso a base de “mentiras y fraudes” en la sociedad catalana.
Las medidas del Gobierno español fueron aprobadas en un Consejo de Ministros extraordinario, aunque también se celebró otro ordinario, en el que el Gobierno pidió al Tribunal Constitucional que anule la declaración de independencia votada hoy en el Parlamento regional de Cataluña.
A nivel internacional, Rajoy recibió el respaldo de los principales países del mundo -entre ellos Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido-, así como de destacadas instituciones como la Unión Europea (UE), la ONU y la OTAN, que hoy expresaron su rechazo a la declaración de independencia y mostraron su apoyo a la unidad de España.
También en Barcelona, un millar de personas apoyaron las medidas del Gobierno central, con una manifestación por el centro de esa ciudad en contra de la separación del resto de España.
