El empresario Celso Marranzini abogó por una rápida y razonable salida legal que haga prevalecer el interés público frente a la medida cautelar del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordena detener la licitación mediante la cual se construye la central termoeléctrica Punta Catalina, con capacidad de 752 megavatios.
El ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) sostuvo que, al margen de la decisión soberana del tribunal y de los argumentos que tenga para haber adoptado la medida cautelar, se impone tomar en cuenta “el principio de la afectación grave al interés público o de terceros”.
Marranzini, ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), consideró que las dos plantas a carbón, de 376 megavatios cada una, son fundamentales para encarar los cambios que se producirán en el mercado eléctrico en el corto plazo por el vencimiento de los contratos de compra de energía en el marco del Acuerdo de Madrid.
Recordó que en 2016 finalizan, en términos reales, contratos que implican 1,500 megavatios, incluyendo el de la generadora San Felipe, “por lo cual no contar con nueva energía de base sería un altísimo riesgo para el país y una peligrosa desventaja en el contexto de probables renegociaciones de precios y condiciones con los generadores privados para compra de energía”.
Marranzini sostuvo que no contar con esa energía, tanto los consumidores como los empresarios se verán afectados no sólo por el precio, sino por el suministro, pues dentro de dos años la demanda será mucho mayor.
Subrayó que en ese marco fue que al final de su administración en 2012 quedó prácticamente lista una licitación nacional e internacional que, aunque fue descontinuada, motivaba nuevas inversiones del sector privado en generación a gas o a carbón, que impactarán favorablemente en los precios de compra de energía.
“No pretendemos trazar directrices al TSA ni desconocer la autoridad que emana de sus decisiones, pero como las medidas cautelares no son recurribles en otras instancias, el interés de la nación debe imponerse al momento de la revisión de esta medida por parte del mismo tribunal, que ojalá sea en un tiempo razonablemente corto”, manifestó Marranzini.
A su juicio, es inocultable que la sentencia del TSA puede complicar los procesos de gestión de financiamiento para la infraestructura eléctrica, con lo cual existe un riesgo real de retraso que resultaría lesivo al proyecto en sí y al país. “Es difícil de entender la decisión del tribunal a estas alturas del proceso y de ejecución del cronograma constructivo”, comentó Marranzini.
“Siempre he dicho que el problema eléctrico y su solución no es de un gobierno o de un sector en particular, sino de todos los dominicanos, quienes debemos apoyar las decisiones que conduzcan a lograr salidas a un tema que impacta negativamente en la calidad de vida de la gente y es la mayor y más onerosa carga financiera de todos los dominicanos”, sostuvo.
