República Dominicana debe replantear políticas para fomentar un paquete exportador de mayor valor agregado y más diversificado, planteó Flora Montealegre, representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al participar como oradora principal en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana (AmchamDR).
La ejecutiva sostuvo que estudios recientes del BID estiman que República Dominicana apenas alcanza un 40% de su potencial exportador, y que el acabado de las exportaciones dominicanas está por debajo del promedio de América Latina, por lo que el Gobierno deberá ser más estratégico en el uso de los incentivos públicos para estimular el desarrollo productivo.
Montealegre, quien concluye su misión en el país este mes, consideró que el alto costo de la energía, del transporte y logística son debilidades que inhiben las inversiones extranjeras.
La representante del BID dijo que el principal reto de las autoridades es convertir el crecimiento económico en un mayor bienestar social que permita reducir las brechas de pobreza y desigualdad.
Para esto dijo que es necesario enfocar las acciones en aumento y expansión de las oportunidades de empleo, garantizar los servicios públicos que permitan fortalecer el capital humano y abordar lo relativo a la institucionalidad y gestión de recursos públicos.
“Sin duda, uno de los grandes riesgos que enfrenta el modelo de crecimiento económico del país es que de no crearse las condiciones para mejorar la calidad del capital humano se podría perpetuar un círculo vicioso de escasas oportunidades productivas y de empleo que refuerzan el ciclo de pobreza y desigualdad”, resaltó Montealegre.
Dijo que la acción pública está restringida por los bajos niveles de recaudación fiscal y por la rigidez del gasto público.
En cuanto a de las finanzas públicas, República Dominicana tiene las condiciones necesarias para ser más ambiciosa en términos de alcanzar sus objetivos y mejor calificación de grado de inversión.
“El grado de inversión podría reducir el costo financiero de nuevas emisiones en casi 200 puntos básicos, cerca de un 25% del costo de la deuda del Sector Público no Financiero, lo que abrirá espacio fiscal para impulsar la inversión social”.
La ejecutiva consideró que las principales acciones que habría que tomar para alcanzar el grado de inversión son mantener un clima propicio para la inversión del sector privado, basado en mayor confianza y reglas claras; eficientes en el manejo del gasto público y una reforma en el sector eléctrico que incluya nuevos proyectos de energías renovables.
