La sensación de inseguridad de la ciudadanía es generalizada, el 70.05% de los dominicanos se siente menos seguro que hace cinco años, lo que se convierte en uno de los principales obstáculos al desarrollo de la democracia dominicana.
Esta es una de las conclusiones del estudio “Imaginar el futuro: ciudadanía y democracia en la cultura política dominicana” publicado por el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo (ISD).
Según el estudio, uno de cada cinco hogares reportó haber sido víctima de al menos un delito durante 2016. Casi el 30% de éstos fue víctima de más de una agresión, sin incluir las agresiones cometidas por miembros del mismo hogar como violencia de género o intrafamiliar.
De acuerdo con la investigación, las tasas de incidencia de los delitos varían considerablemente entre las distintas regiones del país, siendo la región Metropolitana (Ozama) la más afectada ya que allí la tasa sube a casi 25% de los hogares. Es decir, uno de cada cuatro hogares reportó haber sufrido al menos un delito durante 2016.
Carlos Morel, director ejecutivo del ISD, explicó que la sensación generalizada de inseguridad que viven los dominicanos afecta la calidad de vida y fortalece las actitudes autoritarias, diluyendo la cohesión social.
La inseguridad ha impactado los estilos de vida de los dominicanos y afecta por igual según grupos de ingreso y sexo.
Como consecuencia de la inseguridad, han cambiado los hábitos de vida de la población, 70.19% dice que frecuenta bares y lugares de entretenimiento nocturno menos que antes, 62.17% también disminuyó la utilización de espacios de ocio público como los parques.
Asimismo 72.75% afirma estar menos dispuesto a ayudar a un desconocido en problemas durante la noche, y más de un tercio de la población confía menos en sus vecinos.
El director del ISD expresó preocupación por la respuesta del gobierno ante el problema de la inseguridad, señalando que la militarización de las labores de policía y la criminalización de la marginalidad no solo han fracasado como políticas de seguridad, sino que agravan el problema.
En primer lugar, agregó, casi la mitad de las personas que sufrieron un delito en 2016 no denunció los hechos, y la principal razón para ello es que no creían que ello fuera a resolver nada. A esto se suma que casi el 60% de los que sí hicieron la denuncia reportaron su insatisfacción con la respuesta de las autoridades.
En segundo lugar, expresó Morel, la tasa de confianza en la Policía Nacional y el Ejercito Nacional se encuentra por debajo del 30%, lo que descalifica los órganos estatales de seguridad.
En tercer lugar, la militarización de la seguridad, así como la tolerancia de los llamados intercambios de disparos contribuyen a fortalecer el autoritarismo y a degradar la valoración de los derechos individuales.
“En un país en el que más del 70% favorece un gobierno de mano dura, menos de la mitad de la población (49%) les da importancia a los derechos de los imputados y donde una quinta parte de su población apoya las ejecuciones extrajudiciales (intercambios de disparos) la política de seguridad del gobierno resulta irresponsable y contradictoria y termina aumentando el clima de inseguridad”, refiere Morel.
Para Morel la política de seguridad del gobierno abre el paso a la violencia contra los de abajo dado que la más afectada es la población joven y pobre. En contraste, considera que una política de seguridad ciudadana responsable empieza por abordar la inseguridad como un reflejo de la desigualdad social y la pobreza.
“La inseguridad ciudadana tiene que ser enfrentada de manera integral, y requiere políticas de acercamiento a la comunidad para generar confianza”, afirma Morel tras recordar que una de las promesas incumplidas del gobierno ha sido reformar la Policía Nacional.
