Esteban Delgado
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@estebandelgadoq
Las condiciones socio económicas y políticas de República Dominicana han hecho difícil la aprobación y aplicación de una reforma fiscal integral que implique una mejoría en la calidad de las recaudaciones y en la calidad del gasto.
Esa es, posiblemente, una de las razones de que tengamos un presupuesto para el 2015 de 630,934 millones, que requerirá de préstamos por RD$175,500 millones para completar los enormes compromisos de pago de deuda, subsidios directos e indirectos y prioridad no planificada en educación.
Compromisos políticos acumulados en las campañas electorales limitan a los gobernantes a la hora de tomar decisiones que pudieran afectar los intereses de sectores económicos influyentes. A eso se suman los temores de los gobernantes a perder popularidad al momento de tomar alguna medida que implique afectar los bolsillos de determinados sectores de la población, aunque muchas veces esas presiones provienen más de los medios de comunicación que de la población afectada en si misma.
Por eso tenemos un “sector productivo” con exenciones que superan los RD$100,000 millones cada año y sin las auditorías que determinen con exactitud cuál ha sido y es el impacto económico que tienen esos sacrificios fiscales en la generación de empleos, aumento de la productividad y reducción de la pobreza. Muchas de esas exenciones solo han servicio para hacer más ricos a los ricos.
Pero también se han dejado de aplicar medidas impositivas previamente aprobadas y se han modificado las originalmente propuestas en procura de “evitar” mayores cargas a la población, cuando en realidad, su aplicación podría garantizar ingresos que el Estado necesita en sus ejecutorias.
El tercer elemento a tomar en cuenta es la imperiosa necesidad de que se racionalice el gasto público y se mejore su calidad, además de reducirlo en algunos aspectos. Se habla de que no sería conveniente reducir la cantidad de empleados del Estado debido a que, aunque son demasiados, el sector privado no tendría la capacidad de absorberlos y habría más desempleo.
Eso podría ser cierto, pero también es cierto que se puede reducir el gasto el servicios personales sin la necesidad de cancelar gente. Sólo basta con revisar de forma objetiva y consciente los beneficios económicos que reciben muchos de nuestros “servidores públicos”, tanto en salarios como en incentivos adicionales.
También se deben dar pasos serios hace la simplificación del Estado, eliminación de entidades innecesarias que ya no tienen razón de ser y que aún se mantienen como instrumentos de los gobernantes para pagar favores electorales de partidos y movimientos aliados.
El Estado también puede reducir el gasto con una revisión de su organización interna en sentido general, que incluya a sus entidades descentralizadas y autónomas, no tanto a los ayuntamientos, que son los más torpedeados, pero en realidad sólo malgastan el 6% de los ingresos del Estado. Creo que debería el Gobierno concentrarse más en el 94% restante, ya que mal que bien, el gasto de los cabildos tiene un impacto económico y social importante en zonas donde no hay fuentes de empleos.
El ascenso al poder de un gobernante que no esté pensando en reelección ni en retorno en el futuro al poder, podría tener la oportunidad de introducir esos cambios, pues no estaría pensando en su futuro político, sino más bien en hacer un aporte positivo al Estado.
Algunos dirán que Danilo Medina no lo hace porque aunque no se reelija piensa retornar al poder. Lo mismo ocurriría con cualquier presidente primerizo. En el caso de Leonel Fernández, que de retornar al poder lo estaría haciendo por cuarta ocasión, bien podría convencerse de que un cuarto período es su último y hacer un gobierno de grandes transformaciones. Sin embargo, desde esta tribuna sólo seguimos fabulando…
