La Comisión Europea estudia tomar medidas si la reforma fiscal recién aprobada en Estados Unidos entra en vigor tal y como ha sido adoptada, puesto que le preocupa que algunas disposiciones violen las normas de la Organización Mundial del Comercio y puedan perjudicar los intercambios bilaterales.
“Estamos siguiendo esto muy de cerca y analizándolo para ver qué efectos podrían tener en Europa, para nuestras empresas y las regulaciones internacionales”, dijo la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström.
La comisaria afirmó, sin embargo, que es “demasiado pronto” para decir cuáles serán estos efectos y las medidas a tomar.
El Ejecutivo comunitario indicó este miércoles en una declaración que “reflexionará sobre todas las medidas que pueda ser necesario tomar si la ley entra en vigor tal como ha sido adoptada” y que “todas las opciones están sobre la mesa”.
La Comisión quiere analizar el texto definitivo con “mayor detalle”, así como el modo en que se implementarán las medidas, y está en contacto para ello con las autoridades estadounidenses.
Bruselas está preocupada en particular por dos provisiones incluidas en la reforma impulsada por el Gobierno del presidente Donald Trump, que ayer recibió el visto bueno definitivo del Congreso estadounidense.
Cree que la deducción que se aplicará a los beneficios intangibles derivados del extranjero dará un trato preferencial a la propiedad intelectual más amplio que el que conceden otros regímenes internacionales, incluso a aquella propiedad que haya sido generada fuera de Estados Unidos.
Considera que en la práctica la medida supondrá un subsidio a las exportaciones puesto que los beneficios generados por la exportación de derechos de propiedad intelectual son menos gravados que aquellos obtenidos con las ventas domésticas.
Por otra parte, le preocupa el denominado impuesto contra la erosión de la base imponible y anti-abusos (BEAT, en inglés) porque cree que podría llevar a que algunos pagos sean gravados dos veces, especialmente en la industria financiera, y afectar a los pagos entre empresas del mismo grupo que son necesarios para que la banca cumpla sus requisitos de capital.
El Ejecutivo comunitario cree que estas medidas son “discriminatorias” y podrían violar las normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la erosión de la base imponible y las de la Organización Mundial del Comercio OMC).
Bruselas se alegra, no obstante, de que finalmente no se haya incluido en el texto definitivo el impuesto sobre consumos específicos, que hubiera violado en su opinión las normas de la OMC sobre el comercio de bienes y servicios.
La Comisión Europea envió el 12 de diciembre una carta al secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, y a otros once congresistas y senadores americanos en la que advertía de que la reforma podría “perjudicar seriamente el comercio y los flujos de inversión” entre la UE y EEUU.
Un día antes los ministros de Finanzas de las grandes economías de la UE -España, Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia- le habían remitido también una misiva en la misma línea, avisando de que la reforma estadounidense podría “distorsionar” tanto los acuerdos fiscales internacionales como el entorno para la inversión.
