Veamos: en el país el Congreso Nacional está compuesto por 181 diputados y 32 senadores, para un total de 213 legisladores. Tal vez me equivoque, pues están los diputados de ultramar y los diputados nacionales. Tantos, para poca cosa.
Pero el asunto es que esas honorables personas tienen el mandato constitucional de legislar: crear y modificar leyes, así como velar por su cumplimiento. Todas sus labores se desarrollan en “un mismo” edificio, que es el Palacio del Congreso Nacional. No tienen la obligación de ofrecen asistencia social a ningún ciudadano, pues su deber es representarlos dignamente en las cámaras legislativas. Nada más.
Sin embargo, los legisladores tienen asignado un presupuesto anual que suma los RD$5,745.5 millones.
Mientras tanto, el Poder Judicial, que está compuesto por la Suprema Corte de Justicia, integrada por 17 magistrados, a los que se suman, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 821 del 21 de noviembre de 1927, de Organización Judicial, modificada por las Leyes 107 de 1983, 259 de 1998, 17 de 2001, 141 de 2002 y 108-05 del 23 de marzo de 2005, sobre Registro Inmobiliario, 11 Cortes de Apelación Ordinarias; 6 Cortes de Trabajo; 5 Cortes de Niños, Niñas y Adolescentes y en funcionamiento; 4 Tribunales Superiores de Tierras; un Tribunal Superior Administrativo en funcionamiento, distribuidas en los 11 departamentos judiciales a nivel nacional. Cada una de esas cortes tienen entre tres y ocho jueces.
Sin embargo, el Poder Judicial tiene asignada una partida presupuestaria de RD$5,222.2 millones. O sea, el Poder Judicial debe impartir justicia en todos los rincones del territorio nacional, necesita estructura física y logística en el país entero con cientos de magistrados que deben ser asistidos para el desarrollo de sus funciones y, sin embargo, reciben menos dinero que un Poder Legislativo que opera en un solo local y que su función no requiere más que gastos en asesorías, papel, tinta, capacidad, honestidad y buena voluntad para hacer su trabajo.
Lo ideal, entonces, es que el Poder Legislativo se reduzca su presupuesto asignado a la mitad (creo que no necesitan más de RD$2,800 millones para realizar sus funciones) y que los recursos adicionales les sean asignados al Poder Judicial, por poner un ejemplo. Así se estaría tomando una medida efectiva.
Gastar saliva, tinta e imagen en declaraciones de comentaristas, periodistas y hacedores de opinión pública sobre si los legisladores se reparten tal o cual cantidad de dinero no tiene efecto. Esos comentarios deberían ir en la dirección de que se reduzca la partida presupuestaria de los legisladores, no de que se modifique la forma en que se distribuyen esos recursos, pues en éste último caso, seguiríamos en lo mismo, es decir, con el mismo gasto.
No se justifica que el Poder Legislativo tenga un presupuesto mayor o igual al del Poder Judicial. Es absurdo, incomprensible e injusto. Sin embargo, es así como funciona este país.
Sólo imaginen que el presidente Danilo Medina hubiese enviado un proyecto de Presupuesto con una asignación presupuestaria recortada en más de RD$2,000 millones a los legisladores. Ellos se habrían quejado, pero tendrían que ser muy descarados para imponerse el aumento para justificar partidas de asistencia social que no están llamados a tener ni a distribuirse. Pero nada de eso pasará. Seguiremos igual. Ya lo verán.
