El Estado dominicano es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En tal compromiso, tiene incorporado en su Constitución derechos económicos y sociales; mismos que le asignan determinadas obligaciones para que la población pueda disponer o tener acceso a servicios: como los de salud, vivienda, seguridad social, educación, así como garantizar la dotación de servicios y bienes públicos de calidad.
La Constitución vigente es contentiva de otras disposiciones en las que le reserva al Estado procurar, junto al sector privado, un crecimiento equilibrado y sostenido de la economía con estabilidad de precios, tendencia al pleno empleo e incremento del bienestar social, mediante la utilización de los recursos disponibles.
Por lo dispuesto en la Carta Magna y en la ley No.423-06, Ley Orgánica de Presupuesto para el sector público, toda gestión presupuestaria debe contribuir a los propósitos básicos de la política fiscal, en tanto a como contribuyan a la asignación eficiente de los recursos públicos, en función del desarrollo nacional y la cohesión social.
Entonces, puede ser advertido que es el más alto nivel del marco legal dominicano, que le delega al Estado responsabilidades que necesariamente lo obligan a participar en la economía y, para ello, necesitará de recursos que básicamente deben provenir de los tributos y del financiamiento complementario.
El gasto público, por ley, tiene el compromiso de estar sustentado por los ingresos, que los debe fondear de forma permanente; además, de manera subsidiaria ayudarse con recursos provenientes del financiamiento externo o interno, a los fines de tener una visión amplia del papel del presupuesto público nacional, que lo lleva a no verlo solo como una pieza financiera equilibrada, sino como un vehículo para el equilibrio general y la estabilidad de la Economía, especialmente ante la ausencia del sector privado y de las amenazas que pueda tener la Economía, que comprometan la estabilidad y los objetivos generales y focales del Estado, que lo obliga a respetar, procurar y mantener la dignidad humana.
Sin embargo, en la materialización de lo anteriormente expuesto, son muchas las voces que reclaman un gasto público óptimo, no excesivo y de calidad. Respecto a las dos primeras características objeto de este examen, la literatura económica no parece abordar en forma sistemática, y menos aún de consenso, el tamaño del gasto público; al contrario, abundan posiciones que dan cuenta de restarle reputación al Estado, en tanto es gastador de recursos públicos e incluso, de minimizar su tamaño, probablemente por razones asociadas al interés político más que al económico.
Tal vez, el criterio anterior impulsa a darle más fuerza a la ciudadanía cuando al pagar sus obligaciones no encuentra respuesta satisfactoria por parte del Estado, deviniendo entonces, en quejas amparadas en la exclamación: “¡Pero yo pago impuestos!”, como significación de que los ingresos fiscales que provienen de la carga tributaria son suficientes para tener la cobertura de los gastos.
El tratamiento del tema y más focalmente del problema del gasto público, en lo relativo a su tamaño y, por consiguiente, a su nivel óptimo, no aparece como un parámetro de referencia para determinar cuándo el Estado ha llegado al grado óptimo o cuándo ha sido excesivo, tanto a nivel de las economías desarrolladas como de las menos desarrolladas, y la dominicana no es una excepción.
Otra evidencia internacional, teórica y empírica, es respecto a la determinación de la medición o tamaño del sector público, obtenida mediante las informaciones de las variables como el producto interno bruto (PIB) nominal, los ingresos corrientes (IC) y el gasto público (GP).
Pero en la determinación del nivel óptimo del Gasto Público, prevalecen condiciones que lo complican, como es el caso de que previo a esa labor, también es necesario cuantificar cuál es su tamaño mínimo gubernamental, lo cual implicaría el conjunto de valoraciones cuantitativas y cualitativas e incluso, la de definir la frontera del accionar privado y del público, difícil de practicar, dado los factores incidentales que llevan a la iniciativa privada a no accionarse.
En la evidencia internacional no se encuentra un tamaño óptimo del gasto público: aparece variable en países desarrollados con mayores niveles de gasto y en otros menos desarrollados. En la discusión, lo que debe de importar es la ‘eficacia’, no el ‘tamaño’ del sector público, y la respuesta se podría encontrar en el presupuesto por resultados, y no en el del incrementalismo.
Veamos algunos casos: Francia, posee un tamaño del sector público como proporción del PIB de 56.2%, Finlandia de 55.8%, Dinamarca de 53.6%, Austria de 50.7%, Suecia de 49.5%, Italia de 49.4% y Alemania de 44.2%. En cambio, con valores opuestos en la línea de países con alto índice de desarrollo humano, se encuentran Irlanda con 27.1%, Nueva Zelandia con 34.1%, Suiza con 34.3% y Estados Unidos con 35.6%.
Entre los países con escaso índice de desarrollo humano y que presentan altos niveles en la razón del Gasto Público sobre el PIB nominal, se encuentran Kiribati con 117.8%, seguido de Libia con 131.4% y luego Nauru con 91.6%. O lo contrario, con un Gasto Público inferior y de escaso nivel de desarrollo: la República Centroafricana con 12.6%, Haití con 18.4% y Guinea con 22.1%.
Los países de la región de Centroamérica, presentan una disímil composición del tamaño del gasto público sobre el PIB: Honduras con 27.6%, Nicaragua con 26.8%, Panamá con 22.8%, El Salvador con 21.4%, Costa Rica con 19.3% y Guatemala, con el menor, 12.1%.
En el caso de República Dominicana, el tamaño del sector público medido por la razón del gasto público sobre los ingresos corrientes, durante el periodo 1991-2007, ha pasado de 102.5 % en el primer año al 103.5 % en el 2005 y al 115.7% en el 2017, indicando un crecimiento por diferencia del orden del 13.2% en 26 años.
Por el lado del indicador del gasto público como proporción del PIB nominal, se puede apreciar una evolución creciente, al pasar del 8.2% en 1991 al 12.8% en 2000. Se situó en el 2010 en un 15.8% y, finalmente, para el 2017 aumentar en un 17.6%, significando un incremento por diferencia para todo el periodo de un 9.4%.
Como se ha podido observar, el tamaño del Sector Público dominicano, aunque ha estado creciendo en forma sostenida a lo largo del tiempo, no se coloca entre las economías con fuerte presencia de lo público, a pesar de sus similitudes con las de Centroamérica.
El hecho de que el sector público dominicano tenga participación en el sector eléctrico y que cumpla con sus otras responsabilidades, como proveedor de servicios básicos de salud, educación y recreación, a la vez que construye obras de infraestructura con soluciones habitacionales y ofreciendo determinados niveles de seguridad ciudadana, de soberanía y mediante la administración de justicia, implican gastos que no compiten con los del sector privado y que explican, tanto la presencia del Estado como su respectivo tamaño en la economía nacional.
