El 18 de marzo de 1861 el general Pedro Santana pone en manos del imperio español el destino de República Dominicana, tras ejecutorias contrarias al interés nacional de los gobiernos de Buenaventura Báez y del propio dueño de la Finca El Prado, como fue la aplicación de políticas financieras perturbadoras, llegando a efectuarse para esa fecha más de 30 emisiones monetarias sin respaldo. Esto significa que la economía dominicana fue llevada a la ruina por los gobiernos entreguistas y corruptos de Báez y Santana.
Para el año 1861 la población dominicana total alcanzaba la cifra de 250 mil personas. Las actividades productivas más importantes continuaban siendo el corte de madera preciosa y la agricultura. La producción de tabaco se había elevado ese año a 80 mil quintales y la exportación del producto dejó un saldo de 700 mil pesos fuertes. La miel de abeja y la cera habían logrado un sitial muy importante, ya que para ese año se exportaron alrededor de 30 mil libras por un valor de 25 mil pesos fuertes.
La producción de otros rubros como el azúcar, el café y el cacao comenzaron a repuntar, pero se obtenían cantidades intrascendentes que sólo servían para abastecer el mercado interno. La crianza de ganado vacuno había sufrido enormemente, en virtud de los conflictos civiles y la guerra con Haití, que era el principal comprador de las carnes que producía el país. Los cueros sí tenían una gran demanda en el mercado europeo. Aunque existían minas muy ricas en oro, plata, sal y otros minerales con importantes mercados en el exterior, los yacimientos mineros estaban abandonados.
Ingresos del Estado y altos gravámenes
Los ingresos del Estado antes de la anexión, es decir en el 1860, provenían mayormente de los impuestos a las importaciones y en menor medida a las exportaciones, alcanzando para ese año la cifra de 303 mil pesos fuertes, mientras que los gastos superaban los 500 mil pesos fuertes.
Al ser entregada República Dominicana a los españoles, éstos impusieron medidas opuestas radicalmente a los intereses y a las expectativas de los sectores productivos del país, de la pequeña burguesía y de los sectores populares dominicanos.
Los peninsulares establecieron altas tasas impositivas a los artículos de consumo masivo y tasas mayores para todas aquellas mercancías que no eran importadas desde España o no eran transportadas en embarcaciones españolas. Por ejemplo, las tasas que pagaban las mercancías provenientes de España eran de un 9 por ciento, mientras que las mercancías provenientes del resto de Europa y de otros países debían pagar un 30 por ciento de aranceles.
Asimismo, se aplicaron gravámenes a los beneficios obtenidos por los pequeños, medianos y grandes productores en sus haciendas y propiedades, al tiempo que se creó el impuesto sobre la renta a los sueldos y los salarios de los trabajadores y empleados públicos y privados.
El pueblo dominicano no estaba acostumbrado a este festival de gravámenes, ya que, tal como nos revela el general Gregorio Luperón (1992, Tomo 1: 80), hasta entonces en el país “no se conocían más impuestos que los del papel moneda y la contribución aduanera, cuya intangibilidad no se sentía”.
Amortización de la moneda y retiro de mercancías
Por otro lado, los españoles prohibieron el retiro de mercancías de las aduanas o comprar todo tipo de producto en los establecimientos comerciales con los billetes inorgánicos y/o vales con que los anexionistas habían inundado anteriormente el mercado interno. Esto significaba que todos los sectores del país estaban obligados a cambiar sus billetes y vales en metálico para poder retirar sus mercancías de aduanas y comprar aquellas que necesitaban.
Esta situación implicaba una pérdida de tiempo y dinero enorme para los comerciantes y para la población dominicana en general, ya que los responsables de ejecutar las amortizaciones rechazaban la mayor parte del papel moneda en circulación, al considerarlo falso o muy deteriorado.
Gregorio Luperón (1992, Tomo I: 82) dice que esto se hacía con el único propósito de “exasperar a los portadores que, viendo la injusticia, destruían, unos sus papeletas, y otros las vendían a ínfimo precio, a esos mismos funcionarios que la cambiaban a la par”.
Todo esto revela la gran felonía e inmoralidad con que actuaban los funcionarios y empleados públicos españoles y los criollos pro hispánicos, lo que contribuyó a exacerbar los ánimos del bien intencionado pueblo dominicano, al darse cuenta de la mala fe y de la búsqueda de ventajas en que incurría una gran parte de los agentes de cambio peninsulares.
El aparato burocrático estatal dominicano
En el ámbito administrativo del aparato estatal, el gobierno español procedió a la creación de un abultado tren burocrático, nombrando en los puestos de dirección a una cantidad exagerada de personas provenientes de España.
Además de una nómina supernumeraria para un país en crisis, la burocracia española procedió a elevarse los sueldos a expensas de aumentar exageradamente los impuestos al pueblo. Tan grande era la brecha salarial que había al interior del aparato burocrático estatal, que un español que ocupaba un puesto similar al desempeñado por un dominicano, ganaba hasta cinco veces más por el mismo trabajo.
El general José de la Gándara (1975, Tomo 1: 245), quien fue el último gobernador español en Santo Domingo, nos ofrece unas ilustrativas palabras que le dan más fuerza a lo que acabamos de decir:
“Sobre todo el furor de enviar excesivo número de empleados a Santo Domingo, dotados de grandes sueldos, ponía de relieve la falta de cálculo en beneficio del Tesoro español. Baste decir que los hijos de la isla incorporada a España vinieron a cambiar una administración compuesta de un personal poco numeroso y barato, atendidas sus módicas asignaciones, por una administración lujosa, que necesitaba tres millones y medio de pesos para sostenerse, aunque apenas se confesase la mitad, cuando el presupuesto de ingresos de la República no llegaba a medio millón. De aquí el atraso de los pagos, primero, y más tarde la falta de pago en absoluto para las reservas, suministros y varias atenciones que debían satisfacerse. Tal era, según estas ligeras indicaciones, el sistema de Haciendas y Administración en Santo Domingo, que infundía general disgusto, produciendo un palpable desengaño para aquellos habitantes que, al unirse a nuestra nación para formar parte de ella, esperaban ventajas que se habían hecho ilusorias”.
Actitudes y prácticas de los españoles frente a los dominicanos
En el aspecto social, la convivencia entre dominicanos y españoles se hizo más que imposible e insoportable, en virtud del elevado racismo que exhibían los peninsulares frente a los negros y mulatos criollos, a quienes trataban como si fuesen esclavos, ya que una gran parte de los españoles provenían de España, Cuba y Puerto Rico, donde todavía prevalecía la esclavitud o había una gran proclividad hacia su ejercicio.
La mayor parte de los funcionarios civiles y militares, así como una buena parte de la población española que residía en el país o iba de paso por él, se dirigían a los negros y mulatos dominicanos con términos peyorativos, despectivos y discriminatorios, lo que se constituyó en motivo de numerosos y fuertes encontronazos, al tiempo que se generaba un rechazo cada vez mayor en la población dominicana hacia los españoles.
Una gran parte de los peninsulares trataban a las mujeres dominicanas como si fueran prostitutas, desconociendo de esa manera los enormes valores morales y patrióticos que le caracterizaban, lo que contribuyó a que muchas de ellas se integraran a luchar para expulsar a los peninsulares del territorio dominicano.
Los dominicanos y las dominicanas apoyaron de forma sostenida la lucha que libraron los patriotas restauradores contra los españoles en todos los rincones de República Dominicana, hasta lograr su expulsión el 11 de julio de 1865.
