El establecimiento de nuevas reglas fiscales internacionales para responder a los retos del negocio digital enfrenta a los principales socios del G20, pero todos coinciden en que hace falta una solución global y se dan un plazo hasta 2020 para lograrlo.
Estas son las principales conclusiones del informe presentado este viernes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con un mes de anticipación sobre lo inicialmente previsto y en vísperas de la reunión ministerial la semana próxima en Buenos Aires del G20, que se lo había encargado.
El principal logro de este trabajo, destacaron a Efe sus autores, ha sido convencer a todas las partes -más allá de sus sustanciales diferencias- de que hay que seguir trabajando de forma colectiva con la vista puesta en un documento final en 2020.
Un punto de convergencia que está muy lejos de la situación hace solo unos pocos meses, cuando se temía que todo el proceso, lanzado hace ahora un año, saltara por los aires.
Pero más allá de que todos estén de acuerdo en esa meta, la realidad es que hay una gran brecha entre un bloque liderado por Estados Unidos y otro en el que están algunos de los grandes países de la Unión Europea, como Francia, Alemania, Italia o España.
El problema cardinal para todos es cómo definir en la actividad por internet un establecimiento estable -es decir, una empresa- susceptible de ser sometido a las obligaciones fiscales de un Estado.
Para Estados Unidos o Irlanda, que es donde tienen sus sedes sociales gigantes del sector como Google, Amazon, Apple o Facebook, las compañías deben pagar impuestos allá donde generan su valor.
Para el otro bloque, el negocio de esas sociedades depende de la interacción con los clientes-internautas que se conectan a sus servicios por todo el mundo, y la fiscalidad se les tiene que aplicar en cada uno de los países a partir de los cuales se establecen esas conexiones.
La dificultad en este segundo caso es fijar un parámetro que determine el peso de los diferentes territorios, en parte por la opacidad de los propios actores de internet a la hora de comunicar datos que en muchos casos consideran confidenciales porque son la base de su negocio.
Entre las principales ideas está la de calcular por país la facturación o los datos personales recopilados, que luego se traducen en campañas publicitarias selectivas, y por tanto en ingresos.
Los autores de este estudio constatan que “no hay consenso” y que una serie de países (en particular los europeos encabezados por Francia y Alemania) no están dispuestos a esperar a que todos se pongan de acuerdo en una solución de compromiso.
Con la vista puesta en las propuestas que la Comisión Europea dará a conocer el próximo día 21, el estudio describe “lo que se puede hacer” según esos países, lo que no significa que sea su recomendación.
Francia, por boca de su ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, ya ha avanzado que ante sus colegas del G20 en Buenos Aires la semana próxima defenderá un alineamiento de las reglas internacionales, pero también que no puede esperar hasta conseguirlo sin tomar otras medidas.
Por eso a corto plazo, sobre la base del documento que someta la Comisión Europea, su objetivo es una respuesta europea que pueda consensuarse a finales de este año para su aplicación a comienzos de 2019.
Según Le Maire, se trata de un imperativo político para que los ciudadanos vean, de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019, que la Unión Europea ofrece soluciones.
