[dropcap]E[/dropcap]l sector eléctrico está en uno de los momentos cruciales de su historia. Por un lado está el mega proyecto de construcción de las centrales termoeléctricas de Punta Catalina, en la provincia Peravia, que aportará más de 700 megavatios a buen precio al sistema, y por el otro lado está el reto que representa rehabilitar las redes por donde esa energía será transmitida hasta las subestaciones y de ahí hasta las líneas de bajas tensión que llegan a los clientes finales.
De lo que estamos seguros es de que la construcción de las dos plantas a carbón en Baní, específicamente en Punta Catalina, es una decisión de Estado que no tiene vuelta atrás. Las autoridades a cargo de este proyecto energético saben que han de tomar todas las medidas de lugar para proteger la vida y el medio ambiente.
[pullquote]Una inversión de poco más de US$2,000 millones no se puede poner a disposición de la ineficiencia.[/pullquote]
Ahora bien, cuestionar a las autoridades sobre cómo y por dónde llegará esa energía a los consumidores finales es un acto de responsabilidad. Ahí está el gran reto una vez sean construidas estas dos plantas. La demanda de electricidad se ha ido incrementando con los años. El crecimiento vegetativo de la economía, por sí solo, demanda más energía. Habrá que preguntarse si los gobiernos, pero muy especialmente el que está ahora en la administración del Estado, ha tomado las medidas de lugar para saber que una vez se inauguren esas dos plantas habrá que utilizar unas redes que en nada contribuyen con la eficiencia que se busca.
De nada sirve generar a buen precio si en el camino se perderá más del 20% de esa energía. El compromiso no sólo debe ser parte de las autoridades al frente de las distribuidoras de cobrar más y mejorar sus niveles de efectivo en caja, sino de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED), la cual tiene bajo su responsabilidad mejorar sus líneas para que no se pierdan el esfuerzo que tanto ha costado y le costará a país durante los próximos años.
Una inversión de poco más de US$2,000 millones no se puede poner a disposición de la ineficiencia. El Gobierno, como garante y guardián de los recursos públicos, debe exigir a quienes tengan la tarea de operar las plantas y las distribuidoras cuidar y mantener niveles aceptables de rentabilidad.
Por más esfuerzos que han hecho los gobiernos hemos visto que el problema eléctrico se ha tragado a los más sabios y decididos funcionarios públicos, algunos de ellos hombres de larga experiencia en el sector energético. Esta vez no estamos lejos de ver otro trayecto más de oscuridad y sin la esperanza de ver luz al final del túnel.
El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, ha dicho que se necesitan alrededor de US$800 millones para rehabilitar las redes de transmisión y que en una primera fase habría que buscar US$186 millones. ¿De dónde saldrán estos recursos? ¿Dónde están?
