Después de haber acusado a la ley de regulación financiera de ser responsable de ahogar el crédito en EE.UU., el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el jueves una reforma que suaviza algunos aspectos pero mantiene en pie las grandes estructuras de la norma impulsada tras la crisis de 2008.
Antes de llegar a la Casa Blanca, Trump había cargado contra la ley Dodd-Frank, como se conocía la norma, por considerarla un “desastre” y había prometido deshacerse de ella.
“Hoy estoy orgulloso de cumplir otra promesa más”, afirmó al sellar oficialmente la Ley de Crecimiento Económico, Alivio Regulatorio y Protección del Consumidor en la Casa Blanca, en un acto junto al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el vicepresidente, Mike Pence, y diversos congresistas.
El mandatario remarcó que los legisladores “la han arreglado o al menos han avanzado un largo trecho para arreglarla” y destacó que “este es el siguiente paso en el repunte económico sin precedentes de Estados Unidos”.
No obstante, los analistas subrayan que la nueva normativa es menos agresiva de lo esperado ya que revierte mucho menos las regulaciones de lo que los republicanos y el propio Trump habían prometido.
La ley original, aprobada en 2010, reforzaba las exigencias de capital de respaldo a los bancos, les obligaba a llevar a cabo test de resistencia anuales para mostrar su fortaleza y prohibía a las instituciones financieras dedicarse a actividades de alto riesgo con el dinero de sus clientes.
La reforma ratificada suaviza algunas de las restricciones y el escrutinio a los pequeños bancos y empresas financieras puestos en marcha para reducir los riesgos después de la aguda crisis de 2008 por la explosión de la burbuja financiera asociada a activos inmobiliarios.
En concreto, eleva de 50,000 millones a 250,000 millones en activos el umbral bajo el que se considera a los bancos “demasiado grandes para quebrar”, lo que exime a un buen número de instituciones financieras de cumplir con determinadas exigencias.
Pero mantiene las robustas exigencias de capital y de supervisión sobre las grandes entidades financieras, como Bank of America, Citigroup o JP Morgan.
“Realmente le quita las esposas a todos excepto a los 13 grandes bancos de EE.UU.”, apuntó Dan Ryan, jefe de PwC sobre mercados de capital.
Entre ellas figuran instituciones de menor tamaño como BB&T, SunTrust Banks y Fifth Third Bank, quienes habían criticado la normativa al asegurar que se les aplicaba los mismos criterios que los grandes bancos responsables del estallido financiero de 2008.
“Si miras al mercado bursátil, los bancos y otras entidades financieras parecen interesantes opciones. Pero con esta marcha atrás, los bancos regionales se vuelven progresivamente más atractivos que los grandes bancos”, afirmó John Toohey, jefe de inversiones de USAA.
La propuesta de reforma salió adelante gracias a una rara muestra de apoyo bipartidista, ya que fue respaldada por varias decenas de senadores y congresistas en un momento de gran polarización política.
Pese a la menor escala de la prevista, la desregulación ha generado preocupación y ha despertado viejos miedos entre los sectores más progresistas del Congreso.
“Algunos de mis colegas han olvidado la terrible crisis de 2008, pero yo desde luego no”, subrayó el legislador demócrata Keith Ellison.
“2.6 billones, con ‘b’, se esfumaron de las cuentas de retiro de la gente. Piensen acerca de eso un momento ¿Por qué diablos volveríamos a eso?”, dijo Ellison durante las discusiones legislativas.
La crisis financiera de 2008 desembocó en la bautizada como “Gran Recesión”, la depresión económica más profunda vivida en EE.UU. en ocho décadas.
